Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que faculta el arresto del deudor de compensación económica

Tribunal_Constitucional_ChileEl TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 14 de la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

La gestión judicial invocada incide en una solicitud de arresto por no pago de una compensación económica derivada de una sentencia definitiva en un juicio por divorcio.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional adujo, en torno al principio de competencia específica, que en el caso de la especie, no se individualiza por el órgano legitimado requirente ningún precepto constitucional que pudiere haber sido transgredido por la aplicación concreta a la gestión judicial pendiente de los preceptos legales impugnados. Se pretende, entonces, que se inapliquen los dos preceptos legales aludidos en la reflexión primera, porque su contenido contravendría derechamente el ámbito del derecho a la libertad personal, según los términos de un tratado internacional ratificado por Chile y vigente.

Para decirlo de otra forma, agrega la sentencia, se postula que el incumplimiento del pago en cuotas en que se dividió la compensación que ha debido satisfacer el deudor –en los términos del artículo 66 de la Ley N° 19.947–, que esa disposición equipara al derecho de alimentos, pondría en riesgo su libertad personal, en presencia de una solicitud de arresto emanada de su cónyuge, con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 14.908, por haber incurrido en mora en el pago de varias cuotas de la compensación decretada. Discurre al respecto que la compensación económica pactada con su ex – cónyuge, si bien analogada a los alimentos para el efecto de su cumplimiento, no participa de la naturaleza jurídica de éstos, de manera que la aplicación del mentado arresto sería contraria a la norma de derecho internacional designada como quebrantada, la que sólo recibe aplicación en el caso específico de incumplimiento de deberes alimentarios.

Y es que, como lo ha sustentado uniformemente esta judicatura constitucional, los tratados internacionales no constituyen, per se, parámetros autónomos de control de constitucionalidad, en el sentido de habilitar directamente a esta jurisdicción para contrastar su sentido y alcance con los preceptos legales que presuntamente los contrarían. Para que esta operación fuera jurídicamente válida, sería necesario que aquellos instrumentos estuvieren dotados de rango constitucional en cuanto fuentes formales de Derecho Constitucional, y no adquirirla por vía simplemente indirecta, a través de la remisión que a ellos formula el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

En relación a la compatibilidad del arresto por vía de apremio de esta especie con la Constitución Política, expresa el TC que la fuente de la obligación civil de compensación económica post matrimonial es –en los términos del artículo 1437 del Código Civil– la ley y no el contrato. Sobre el punto existe consenso unánime en la doctrina, que sólo discrepa acerca de las causales legales de compensación económica o su fundamento jurídico último, pero no respecto de su naturaleza legal (STC Rol N° 2102/11, de 27 de septiembre de 2012, considerando 8°).

El arresto, razona la sentencia, no tiene “naturaleza ni fines penales”, a diferencia de la prisión o detención, que sí presentan esa connotación. La finalidad de la medida de apremio es conminar al cumplimiento de una obligación legal, de modo tal que, cumplida, cesa o se extingue como tal obligación, lo que no ocurre en el ámbito de las sanciones penales.

De esa manera, concluye la Magistratura Constitucional manifestando que la medida de arresto nocturno prevista en el artículo 14, inciso primero, de la Ley N° 14.908 no es, en definitiva, una medida privativa, sino restrictiva de la libertad personal, mínimamente invasiva, que no produce el efecto paradojal de impedir el trabajo del deudor para pagar su obligación, como ocurriría en el caso de tratarse de un arbitrio privativo de la libertad. No es, por ende, una limitación desproporcionada, susceptible de comprometer ese derecho fundamental en su esencia, lo que excluye su calificación como un apremio ilegítimo, como, por lo demás, lo declaró este Tribunal en su pronunciamiento recaído en el Rol N° 2102, de 27 de septiembre de 2012.

Motivos anteriores en virtud de los cuales fue rechazado el requerimiento de autos.

Por su parte, el Ministro Venegas previno que concurre al rechazo del requerimiento en cuestión únicamente por lo razonado en los considerandos primero a octavo de la sentencia, esto es, por no haberse fundado el requerimiento en la infracción de la Constitución sino en la presunta violación de una cláusula de una convención internacional. En lo demás, deja constancia de que no comparte lo razonado en los considerandos noveno y siguientes de la sentencia, en primer lugar, porque estima que el defecto formal de falta de fundamento constitucional del requerimiento es motivo suficiente para su rechazo siendo innecesario pronunciarse, además, sobre el fondo de éste y, en segundo término, porque es de la opinión de que los preceptos legales impugnados son efectivamente contrarios a la Constitución, por las razones que expuso en su disidencia a la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Rol 2102, que el defecto del requerimiento hace improcedente reiterar ahora.

A su turno, el Ministro Viera-Gallo previno en su oportunidad que no comparte enteramente el considerando 8) pues, a su juicio, el Tribunal Constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2°, de la Constitución Política, está impelido a ejercer el control de convencionalidad de las leyes cuya aplicación a una gestión judicial pendiente pudiere generar efectos contrarios a lo dispuesto en un tratado internacional sobre derechos humanos que haya sido sancionado por el Estado de Chile y se encuentre vigente.

Lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política, concluye este Ministro, no es un mero consejo o recomendación, sino que una norma imperativa que contiene a la vez una regla y un principio: la regla remite al contenido de la Carta Fundamental y de los tratados de derechos humanos y el principio, a una realidad más genérica pero no por ello menos exigente y precisa, cual es la esfera protegida por los derechos que emanan de la naturaleza humana y que no se encuentran explícitamente recogidos en los instrumentos de derecho público anteriormente citados.

Finalmente, el Ministro Aróstica concurrió al fallo, pero sin compartir los considerandos decimotercero a decimosexto.

 (Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto íntegro de la sentencia

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