Columna: «Límites marítimos e imaginación jurídica»

Jose_luis_lopez_blancoPor José Luis López Blanco*

Resulta difícil relacionar los conceptos que conforman el título de este artículo. Efectivamente, ¿qué tiene que ver un asunto más bien práctico, de orden físico y vinculado a temas territoriales y acuerdos internacionales, como es el caso de los “límites marítimos”, con otro, que suena tan diverso y distinto, de un tono algo filosófico, poético o emocional, como la “imaginación”, al que se le agrega un calificativo, también alejada de este último, como es lo “jurídico”? Pues bien, según se desprende de declaraciones de los propios representante de Perú, el tema de la “imaginación jurídica”, ha pasado a constituir el punto central de la tesis peruana, en su demanda en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (La Haya), en el año 2008, en que pide que se fijen los límites marítimos entre ambos países.

En fecha reciente, hemos tenido noticias a  través de la prensa, en el sentido que la Corte de la Haya habría anunciado que ya concluyó el periodo de estudio entre sus jueces para acordar un fallo y que se espera que éste sea comunicado a las partes, a fines del mes de Enero de 2014. Conviene, por lo tanto, resumir los principales puntos expuestos por cada país en sus alegaciones ante la Corte. Más aún,  si se consideran declaraciones, de representantes peruanos que, irradiando un cierto optimismo ante el anuncio del próximo fallo, incluso proponen crear una comisión mixta entre ambos países, para implementar la sentencia.

ACUERDOS SOBRE FRONTERAS MARÍTIMAS

En artículo anterior sobre esta controversia (“Sentencia de la Haya y Alianza del Pacífico”. MICROJURIS. 7 Octubre 2013), se hace referencia a diversos instrumentos emitidos tanto por Chile como por Perú, en que, a partir del año 1947, los dos países proclaman sus soberanías nacionales sobre el zócalo continental y mares adyacentes a sus costas, la que se ejercerá considerando “una paralela matemática proyectada en el mar a una distancia de 200 millas de las costas continentales”. La Declaración Oficial de Chile se efectuó en Junio de 1947 y siguió la de Perú, en el mes de Agosto de ese año, expresando su Decreto Supremo que esta distancia de 200 millas marinas se determinará “siguiendo la medida de los paralelos geográficos”.

 Posteriormente, en el año 1952, se efectúa en Chile una Conferencia Sobre Conservación y Explotación de las Especies Marinas del Pacífico Sur, en que participaron Chile, Perú y Ecuador. Al concluir la Conferencia, se suscribió por los representantes de los tres países, un documento denominado Declaración de Santiago, en que se ratifica el principio que el límite marítimo se encuentra en “el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos”.

En el año 1954, se acordó otro Convenio entre los tres países el que tuvo como objeto evitar posibles conflictos en el área pesquera, en donde “se producen con frecuencia de modo inocente y accidental violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos”. En el punto 1º de ese Convenio se acuerda establecer una zona especial de tolerancia de “10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países”.

Finalmente, en esta apretada síntesis, debe mencionarse la Resolución Suprema peruana de 12 de Enero de 1955, dictada con el objeto de precisar en los trabajos cartográficos y de geodesia la manera de determinar la zona marítima peruana de 200 millas, para lo cual se tiene presente, la declaración conjunta suscrita en Santiago el 18 de Agosto de 1952 por el Perú, Chile y el Ecuador. En el punto 2º de dicha Resolución Suprema se dispone textualmente: “De conformidad con el inciso IV de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la frontera del Perú”.

De manera que, con la simple lectura de estos documentos oficiales de ambos países, no puede concluirse otra cosa que la expresión de la voluntad soberana de cada uno de ellos, a partir del año 1947, en distintos períodos y en diversos regímenes políticos, coinciden en cuanto el límite marítimo se encontraba en el paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la frontera entre ellos. Las Declaraciones, Resoluciones y Convenios otorgados, en su oportunidad, tanto por Perú como por Chile, han sido plenamente cumplidos y respetados por cada uno de estos países, los que han ejercido su soberanía, jurisdicción y poder nacional al Norte y al Sur, recíprocamente, del paralelo que constituye el límite marítimo entre ellos.

PERÚ CONSTRUYE UN CASO: EQUIDISTANCIA E IMAGINACIÓN JURÍDICA

En lo que se refiere a este curioso concepto de “imaginación jurídica”, en Diciembre del año 2012, el entonces Canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, explicó la petición de su país al Tribunal Internacional, señalando: “Estamos pidiendo a la Corte que fije el límite. La consecuencia de nuestro diagnóstico es que no hay límite fijado y hay una manera internacional de fijarlo que es la equidistancia”. Continuó señalando el Canciller peruano: “En algunas ocasiones la Corte de la Haya emite fallos que pueden representar ejercicios de imaginación jurídica”.

 Adicionalmente, el coagente de Perú ante dicha Corte, José Antonio García Belaunde, expresó en entrevista reciente en Lima, que “la Corte debe decidir si existe un acuerdo de límites por derecho, y que Perú considera que no lo hay, razón por la cual planteó una demanda contra Chile en 2008”. Agrega García Belaunde, lo siguiente: “Ahora, al trazar una línea de límites, la Corte puede tomar en consideración lo que llaman circunstancias relevantes y ahí, puede haber algún tipo de ajustes”.

Así, pues, enfrentados a estos conceptos tan novedosos y tan extraños a la aplicación del derecho y a su racionalidad, pero que constituyen el fundamento esencial de nuestros vecinos del Norte, nos vemos en la necesidad de tratar de entender de qué se trata esta argumentación.

Según se menciona en nuestro artículo anterior, en MICROJURIS (ver cit. (1)), a partir del año 1977, empezó a desarrollarse en Perú una nueva teoría geopolítica, en que se afirma la inconveniencia de medir las 200 millas sobre los paralelos geográficos. Nace, por esta vía, una propuesta hecha por un Almirante peruano en retiro, que tenía por objeto “modificar” la situación de límites existente a esa fecha. Esta propuesta, se elabora sobre el principio de la “equidistancia”, con el objeto de, ratificando su soberanía de 200 millas a partir de sus costas, efectuar esa medición a “distancia constante”, para lo cual propone utilizar una fórmula llamada “Arco de Círculos”.

Sin duda, que esta presentación tiene un cariz ingenioso y ofrece el atractivo de medición a lo que se llama “distancia constante”. Ese es un concepto de creación posterior y que no se encuentra ni en el texto ni en el espíritu de las Declaraciones efectuadas, tanto por Perú como Chile, ni en los respectivos Acuerdos. El verbo “modificar” utilizado por dicho Almirante en su propuesta se entiende en su sentido natural y obvio, cual es, el de cambiar o alterar la realidad existente. Vale decir, la misma propuesta parte de la base que ya existía, previamente un acuerdo entre ambos países respecto de sus fronteras marítimas. Ahora bien, frente a esta nueva propuesta de “modificar” los límites marítimos, nace la pregunta ¿cómo sería posible argumentar la necesidad de cambio de la frontera marítima, frente a la gran cantidad y variedad de instrumentos soberanos emitidos por ambos países, en un período de más de 60 años, en que se ha reconocido la soberanía mutua ejercida por cada uno de ellos?

La respuesta no puede ser otra que – y ahora lo entendemos – requerir el auxilio forzado de una elaborada argumentación que se sustente en esta nueva tesis de la “imaginación jurídica”. En síntesis, Perú sostiene que no hay acuerdos de límites entre ambos países, y que en consecuencia procede aplicar nuevas teorías, basadas en el principio de la “equidistancia”, propuestas por algunos autores en el llamado Derecho del Mar, para lo cual, necesariamente, deberá utilizarse estos conceptos que ofrece la “imaginación jurídica”.

Para la debida comprensión de estos nuevos criterios que se proponen, y siguiendo una práctica tradicional de interpretación de las normas legales, aplicada en forma universal, corresponde, primeramente, definir el concepto de “imaginación”, respecto de lo cual, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, expresa que ella es “Aprensión falsa o juicio y discurso de una cosa que no hay en realidad o no tiene fundamento”. Así, de la propia definición, se concluye que la tesis peruana trata de crear una norma nueva a partir de una cosa que no hay, o que no tiene fundamento.

En suma, la combinación de estas dos ideas nos lleva a concluir que estamos en presencia de propuestas de nuevas normas legales, o de nuevas formas de interpretación de una situación determinada, en circunstancias en que no existan normas que regulen dicho evento.

En otra perspectiva, desde el punto de vista estrictamente académico, en lo relacionado con la teoría del conocimiento y la filosofía del derecho, se puede observar que han nacido ciertas corrientes filosóficas, recientes, que se elaboran con esta definición de “imaginación jurídica”. Estas doctrinas proponen establecer y definir nuevas maneras de creación de normas jurídicas, en oposición a lo que se denomina el contractualismo de Hobbes y al monismo jurídico. Entramos aquí, a un tema de disquisiciones de orden filosófico, que escapan a la realidad de aplicar el derecho vigente entre las partes.

LA CORTE DE LA HAYA DEBE DICTAR SENTENCIA CONFORME A DERECHO

No cabe duda que, desde el punto de vista de la investigación filosófica acerca del origen y fuente de las normas jurídicas, puede resultar atractiva, incluso emocionante, la discusión y el análisis de estas teorías de la “imaginación jurídica” y su relación con la “equidistancia” en los límites marítimos que no estén definidos.

El caso está en que la comparecencia y actividad ante la Corte Internacional de Justicia no son ejercicios académicos ni filosóficos. La Corte de la Haya, según su estatuto, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y su función es “decidir conforme al derecho internacional”, para lo cual considerará, en primer lugar, la aplicación de “las Convenciones Internacionales, sean generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes”  y, asimismo, reforzando lo anterior, aplicará “la costumbre internacional como prueba de una práctica, generalmente, aceptada como derecho”.

Incluso admitiendo que los documentos escritos entre las partes no tienen un título que los califique de Tratados y que se refieren, específicamente, a regulaciones relacionadas con la actividad pesquera y de recursos marinos, no cabe duda que, para cumplir con tales propósitos, en esos  instrumentos, se establecen reglas, que han sido reconocidas por los Estados, respecto de sus fronteras marítimas. Cabe aplicar aquí el tradicional principio jurídico que establece que, en derecho, “las cosas son lo que son y no lo que se dice que son”. Sin duda, nos encontramos en presencia de Convenciones Internacionales, de orden particular, suscritas por tres Estados, como son Ecuador, Perú y Chile, y que han sido reconocidas por ellos. En estas Convenciones se acepta, por los tres países, el principio que sus fronteras marítimas están definidas por la línea del paralelo, y no mencionándose en ninguna de ellas, este novedoso concepto de la “equidistancia”.

A mayor abundamiento, existe un propio Decreto Supremo de Perú, de Enero de 1955, que define, exactamente el mismo concepto, considerando la línea del paralelo para establecer sus límites y, en consecuencia, para precisar la zona marítima peruana de 200 millas en trabajos cartográficos y de geodesia.

Finalmente, la costumbre practicada, en forma pacífica, por Perú y Chile, a partir del año 1947, es también una manifestación de sus voluntades soberanas, reconociendo plenamente todos los derechos económicos, territoriales y de ejercicio de poder nacional que pertenecen a Chile, en su propio territorio marítimo, siguiendo la línea del paralelo, definido a partir del punto en que llega al mar la frontera terrestre con Perú.

En conclusión, según lo expresaron ya nueve Cancilleres chilenos en declaración de Mayo del año 2009, estamos frente a un caso construido por Perú y que carece de todo fundamento jurídico. La Corte Internacional de Justicia, fallando conforme al Derecho Internacional, debe rechazar, expresamente, la demanda peruana.

(*)Abogado. Profesor de Derecho Comercial. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

(1)   Columna: “Sentencia de la Haya y Alianza del Pacífico”. MICROJURIS. 7 Octubre 2013, ver documento

(2) “Maritime boundaries and legal imagination”(english version), Translated by, Hernán Reitze (E-mail: hernan@reitze.cl:
Mobile: (56-9) 9334-4646. Download

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