Corte Suprema acoge recurso de nulidad y ordena nuevo juicio contra comunero mapuche

incendioLa Corte Suprema  acogió el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco que condenó a un comunero mapuche por su responsabilidad, en calidad de autor, del delito de incendio, ilícito perpetrado en el fundo Brasil, de la comuna de Vilcún, el 11 de septiembre de 2009.

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En fallo dividido (rol 15187-2013) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas y Juan Escobar (suplente); además del abogado integrante Luis Bates- anuló el juicio seguido en contra de José Antonio Ñirripil Pérez –menor de edad a la época de los hechos- y que concluyó con la dictación de una sanción mixta de un año y 11 meses de internación en régimen cerrado, la que se dio por cumplida por el tiempo que permaneció sujeto a medidas cautelares, y un año y 6 meses de libertad asistida especial.

La resolución de la Corte Suprema acogió el recurso por la causal invocada de falta de fundamentación en la decisión del TOP de Temuco, pero la rechazó respecto de las causales de vulneración de derechos constitucionales y nulidad sustancial de la sentencia.

“El Código Procesal Penal se instaura en Chile, en reemplazo del Código de Procedimiento Penal, sobre la base de principios constitucionales y procesales que permitan la realización de un juicio público, contradictorio, y desarrollado en conformidad a las normas que el mismo texto considera. Uno de los cimientos fundamentales de su legitimidad lo constituye ciertamente la obligación que le asiste al juzgador de fundar sus resoluciones, como lo manda el artículo 36 del aludido texto, de modo que los jueces expliciten con claridad los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. A su vez, el mencionado artículo 342 dispone que la sentencia definitiva deberá contener: la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probadas, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 (letra c); las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo (letra d) y la resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido… (letra e). Muy relacionado con lo anterior, el artículo 297 dispone que los jueces apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Agrega que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que se hubiere desestimado indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo y se concluye en la norma: “La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción utilizada para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.” Este estatuto fundamental está trazado precisamente para dar sentido a lo que estatuye el artículo 340 del citado código procesal, en orden a justificar aquella convicción de condena que es exigible para validar tan importante decisión de la jurisdicción, exigiendo que esa convicción debe formarse sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

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