Corte Suprema ordena a Sbif entregar información sobre fiscalizaciones a entidades financieras

CorteSupremaChileLa Tercera Sala de la Corte Suprema emitió dos resoluciones relacionadas con acceso a la información de organismos del Estado, solicitadas bajo el amparo de la ley de transparencia.

En el primer caso (causa rol 10474-2013) y en fallo dividido, la sala integrada por los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval; además del abogado integrante Arnaldo Gorziglia, rechazó el recurso de queja y ratificó que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras –SBIF- debe entregar la información sobre fiscalización realizada a instituciones financieras.

El fallo sostiene que dicha información no es reservada y que, además, considerando los parámetros exigidos por la normativa de la SBIF y por los acuerdos de Basilea, la publicidad de los resultados obtenidos en la evaluación aplicada a las entidades financieras “no vulnera las normas de reserva de información bancaria”.

“No es aplicable por disposición expresa del artículo 28 de la Ley de Transparencia la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano, debería explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de autos podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente, o cómo puede verse afectado el interés nacional, es decir, aquel que es compartido por toda la comunidad sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales como daños en el funcionamiento del sistema funcionario y bancario o afectación de factores sensibles del mercado financiero o la entrega de señales equívocas a éste. El carácter abierto e indeterminado de estos conceptos jurídicos son susceptibles de comprender un sinnúmero de situaciones potencialmente ilimitadas por lo que hay que dotarlas de contenido caso a caso pero siempre en interpretación restrictiva del principio general de la publicidad”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Para resolver adecuadamente las controversias que se suscitan entre el Consejo para la Transparencia y los órganos del Estado que poseen información que podría considerarse pública, indispensable resulta ponderar la especificidad del requerimiento, es decir, la información concreta solicitada, puesto que es una variante determinante en la correspondiente decisión jurisdiccional. En el caso de autos, cabe tener presente que la decisión del Consejo para la Transparencia ordena a la Superintendencia de Bancos proporcionar información relativa a parámetros o criterios de evaluación generales utilizados por dicho organismo en el año 2011 referidos a aspectos de organización, funcionamiento y actividad financiera que realizan las entidades sometidas a su control, antecedentes que no son susceptibles de secreto o reserva desde que no son más que la especificación de las directrices prefijadas en la misma normativa de la Superintendencia.
En otras palabras, la resolución del Consejo para la Transparencia no contiene exigencias vinculadas a la exhibición de documentos ni a la revelación de las operaciones fiscalizadas ni al mérito o detalle de las observaciones formuladas. Más aún sí no consta de los antecedentes que se haya hecho uso del procedimiento de oposición en el evento de afectación de derechos de terceros regulado en los artículos 20 y 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.
Por tanto, se trata de una solicitud de información pública que es coherente con las obligaciones que sobre las mismas materias incumbe actualmente a la Superintendencia de Bancos según la legislación especial que le es aplicable reseñada en el considerando quinto letra a) del presente fallo y que versa sobre la fiscalizaciones a bancos e instituciones financieras sometidos a su control, que por mandato legal le corresponde realizar para el mejoramiento continuo de las instituciones fiscalizadas».

La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros Carreño y Sandoval, quienes estimaron que se debía acoger la queja y denegar acceso a la información.

(Fuente: Poder Judicial)

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