Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma de DFL que regula a Dirección del Trabajo

direccion-del-trabajo-300x225El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 34 y 35, del DFL N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo.

La gestión pendiente incide en un recurso de nulidad deducido en una causa sobre reclamación de sanción administrativa de clausura, que se encuentra pendiente actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguyó que, traídos los autos en relación y terminada la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por la Carta Fundamental para acoger esta clase de requerimientos y teniendo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC el voto del Presidente no dirime un empate en estos casos, se tuvo por desechado el requerimiento, por no haberse alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido.

Conforme a lo anterior, las consideraciones por rechazar el requerimiento –expuestas por los Ministros Peña, Carmona, García, y Hernández Emparanza– arguyeron, en torno a la sanción de clausura, que las infracciones que contempla el Código del Trabajo pueden ser reprimidas con dos tipos de sanciones: especiales y residuales. Estas últimas son todas aquellas que no tienen señalada una sanción especial. En esta categoría queda la multa (artículo 506, Código del Trabajo).

La clausura se encuentra establecida en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, expone la sentencia. Se trata de una sanción que opera por determinadas infracciones y se traduce en un cierre temporal de la actividad afectada. Por consiguiente, genera la paralización o prohibición de seguir desarrollando la actividad sancionada. Por excepción, opera como medida cautelar.

Enseguida, es dispuesta por una autoridad administrativa especialmente facultada. Asimismo, no altera las relaciones contractuales que pueda tener la afectada con terceros (trabajadores, proveedores, etc.). Atendidos estos caracteres, opera sobre infracciones extremadamente graves.

Por otro lado, los inspectores del trabajo tienen un rol central en la clausura, porque la ley les encarga completar su regulación, en un caso típico de discrecionalidad.

Así, se manifiesta en esta parte que la clausura no tiene una infracción especial. La infracción es la propia de la multa. Por la otra, que la clausura puede ir asociada también a una multa.

A continuación, en torno a los criterios interpretativos, se aduce que, en primer lugar, si bien la clausura es una sanción administrativa, y como tal debe tener un procedimiento administrativo; en segundo lugar, es importante destacar dos aspectos vinculados a la Dirección del Trabajo.

En relación al mecanismo de defensa que diseña el legislador, y luego de hacer historia, indica el voto de rechazo que la Dirección del Trabajo es uno de los servicios públicos más antiguos de nuestro sistema.

De este modo, primero actúa la Dirección del Trabajo, como organismo especializado, técnico y preparado, quien controla el cumplimiento de la legislación laboral (artículo 505, Código del Trabajo), previsional (artículo 19, D.L. N° 3.500) y de higiene y seguridad en el trabajo (artículo 184, Código del Trabajo). Luego actúa el Tribunal, quien opera como un organismo revisor de lo obrado por la Dirección, tanto en el examen de los hechos (si existieron o no, su magnitud, su calificación jurídica, etc.), como en la aplicación del derecho, pudiendo revertir lo obrado por el órgano administrativo.

En cuanto al tercer criterio interpretativo, señalan estos Ministros que es el rol que juega la suspensión del acto administrativo como mecanismo de protección del afectado por éste.

En efecto, la ejecutoriedad del acto administrativo se encuentra reconocida de modo general en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.880).

Frente a dicha ejecutoriedad, la garantía que tiene el particular es solicitar la suspensión del mismo. Esta consiste en la interrupción provisional de la eficacia de un acto administrativo, dispuesta, total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en sede administrativa o jurisdiccional.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto de la sentencia

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