Aprueban en instancias del parlatino proyecto de ley marco sobre consulta a los pueblos originarios

parlatinoEl representante de Chile en dicho grupo internacional, diputado Rosauro Martínez, informó a la Sala sobre los alcances de la iniciativa, la cual fue ratificada en forma unánime en la XX reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano. Además, comunicó sobre los acuerdos definidos en las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Asuntos Económicos.

 Por unanimidad fue aprobado en el contexto de la XX reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) un proyecto de ley marco sobre consulta a los pueblos originarios, según informó a la Sala de la Cámara de Diputados el representante chileno ante dicho grupo internacional, diputado Rosauro Martínez (RN).

Conforme a lo indicado por el legislador, la ley marco, aprobada entre los días 21 y 22 de noviembre de 2013, en la Ciudad de Panamá, determina que “los pueblos originarios y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados, de manera previa e informada, en todos los casos en que sus territorios, tierras, formas de vida, organización social, idiomas, saberes o derechos colectivos e intereses, puedan verse afectados por medidas administrativas, actuaciones del Estado y sus agentes, o actividades de particulares autorizados por estos”.

La norma señala que la consulta tiene por finalidad lograr el entendimiento sobre las decisiones, medidas o actividades programadas por el Estado; en su acción de planificación o ejecución de acciones o políticas que deban desarrollarse en los territorios o tierras indígenas.

La ley marco avanza también en un conjunto de definiciones; fija procedimientos (judiciales y administrativos) para efectuar la consulta, las reclamaciones y las reparaciones (en caso que éstas procedan); determina los órganos de coordinación de la consulta; y especifica que el financiamiento será de costo estatal.

La normativa establece los siguientes principios rectores de la consulta:
1. Oportunidad: siempre debe ser previa a la adopción de las medidas.
2. Interculturalidad: reconoce la unidad en la diversidad.
3. Buena fe: de los actores y respecto de los acuerdos alcanzados.
4. Plazo razonable: será una actividad planificada y de resultados.
5. Igualdad de género: garantizar la participación paritaria de la mujer.
6. Publicidad: su desarrollo será público.

Además, establece que la información suministrada deberá indicar la naturaleza de la medida, actividad, obra o proyecto a realizarse; los motivos y necesidades para ejecutarlos; la autoridad encargada de ellos o que expidió la autorización o concesión; el personal involucrado y los responsables, entre otros puntos.

Finalmente, entre otras consideraciones, se especifican las situaciones en que procederá un proceso de consulta obligatorio. Estas son: planes y proyectos relacionados con políticas de salud, educación y desarrollo agrario y turismo; concesiones mineras, madereras, prospección y explotación de recursos naturales renovables y yacimientos de petróleo; traslados o reasentamientos de pueblos o familias indígenas; reformas sobre instrumentos legales sobre titularidad de tierras; desarrollo de operaciones militares de entrenamiento; permanencia e intervención de grupos u organizaciones religiosas con propósito de difundir sus cultos, alfabetizar, educar o capacitar para el trabajo; construcciones o proyectos de cualquier naturaleza en los lugares sagrados o rituales ubicados fuera de sus territorios; medidas o proyectos de cualquier otra naturaleza que directamente o indirectamente puedan desconocer o afectar los derechos colectivos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios o tierras por ellos ocupadas.

(Fuente: Diputados)

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