Corte Suprema acoge recurso de nulidad por ilicitud en la obtención de pruebas

La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado en contra de una sentencia del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que condenó a una pena de tres años y un día de presidio a imputado por el delito de tráfico de estupefacientes.

CorteSupremaChileEn fallo dividido (causa rol 3501-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Nibaldo Segura, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- acogió el recurso presentado por la Defensoría Penal Pública en contra de la sentencia que condenó a Alexis Mella Herrera.

De acuerdo a la resolución del máximo tribunal, sentencia de primera instancia se dictó con violación de las garantías del imputado, al incorporar como prueba una diligencia realizada por un agente revelador policial, la que se obtuvo de manera ilícita.

“Que en el caso que se revisa, la autorización para el desempeño como agente revelador otorgada a la Cabo Primero Jennifer Hernández Águila fue limitada por el Oficio N° 1264, de 3 de mayo de 2013, a 30 días, en circunstancias que la intervención de la policía en esa calidad es de 23 de julio del mismo año. La prueba nueva que se permitió rendir al Ministerio Público para salvar la anomalía advertida consistente en un documento extendido con la misma fecha pero con un número correlativo menor, no manifiesta con la claridad que cree ver el fallo que la actuación se ajustaba a los términos de la autorización conferida por el fiscal. Que, a mayor abundamiento, la autorización vigente cuya existencia reclama el persecutor para proceder con la mencionada técnica no constaba en la carpeta de investigación, lo que manifiesta una infracción al deber de registro, pues lo único que se ha demostrado es la existencia de dos documentos con diverso número identificatorio ninguno de los cuales estaba vigente a la fecha de la diligencia, lo que era absolutamente indispensable no sólo porque lo exige la norma del artículo 25 de la Ley 20.000, sino porque se trata de una técnica de investigación tan violenta que ha sido preciso disponer una exención de responsabilidad para quien la usa, desde que doctrinariamente se ha entendido que se ajusta a una forma de instigación delictiva. Existe un reconocimiento expreso de las autoridades involucradas en el sentido que se hizo uso de la técnica que señala el artículo 25 de la Ley N°  20.000, sin que resulten plausibles las explicaciones postreras de creer que actuaban al alero de una autorización vigente, cuando en realidad lo único cierto es que procedieron después de un mes y treinta días desde que había expirado, todo lo cual ha quedado en evidencia con la prueba rendida”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

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