Corte de Apelaciones de Valdivia anula vista de desafuero de diputado Rosauro Martínez Labbé

Corte suprema 1La Corte de Apelaciones de Valdivia fijó para el próximo lunes  21 de abril, una nueva audiencia para la vista de la petición de desafuero del diputado Rosauro Martínez, anulando la realizada el lunes recién pasado.

El pleno del tribunal de alzada decidió invalidar de oficio la vista de la causa -del pasado lunes 7- y dejar sin efecto el estado de acuerdo adoptado en ella, por considerar que la ministra Ruby Alvear Miranda, quien estuvo presente en dicha audiencia, se encontraba inhabilitada para conocer el caso.

“Que, el artículo 195 N°8 del Código Orgánico de Tribunales, establece como causal de implicancia “Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para dictar sentencia”. En relación a la causal indicada, la Excma. Corte Suprema ha señalado que “la disposición del artículo 195 N°8, del Código Orgánico de Tribunales constituye una norma de prohibición absoluta que hace perder al juez al que afecta su competencia para conocer de un determinado negocio y, en consecuencia, es de orden público, por lo que no puede ser renunciada ni convalidada, toda vez que se trata de una institución que tiene como finalidad resguardar la debida imparcialidad de los magistrados en las causas de que conocen, constituyendo uno de los pilares fundamentales del ejercicio de la jurisdicción” (Corte Suprema Rol N°3770-2009)”, sostiene la resolución.

Decisión que agrega: “Conforme al claro razonamiento expresado por nuestro más Alto Tribunal sobre la materia, es posible concluir que la Ministra Srta. Ruby Alvear Miranda se encontraba legalmente implicada para conocer de estos antecedentes, pues existe una manifestación expresa de inhabilidad de la Srta. Ministra en tal sentido, precisamente en la causa penal en la que se investigan los hechos que sirven de base a la petición de desafuero, causal que una vez manifestada, como se explicó, no puede ser renunciada o convalidada. Que, a mayor abundamiento, resulta necesario observar, además lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 52 y 62 Nº6 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado -Ley Nº18.575-, normas en las que se consagran los principios de transparencia y probidad que deben regir la administración del Estado, y que alcanzan plena aplicación en la actividad jurisdiccional, pues los mencionados principios permiten garantizar al justiciable la imparcialidad de los tribunales en la adopción de sus decisiones”.

(Fuente: Poder Judicial)

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: