Corte Suprema reitera que seremis de justicia no pueden revisar beneficios de reducción de condenas

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió tres nuevos recursos de amparos presentados por internos de distintos recintos penales del  país, en contra de los secretarios regionales ministeriales de Justicia (Seremis) por retardar la tramitación de decretos que conceden beneficios otorgados por la comisión de reducción de condena.

En fallos unánimes (causas roles 10594-2013, 10665-2014 y 10738-2014), la Sala Penal con dos distintas integraciones, determinó que la intervención de los seremis en la materia es arbitraria e ilegal, porque no están facultados para retardar la tramitación de los decretos que entregan beneficios a internos, pese a las instrucciones impartidas por las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia que asumieron en marzo pasado, lo que en algunos casos ha significado que personas permanezcan recluidas por tiempo excesivo.

 “El beneficio de reducción de condenas de las penas privativas de libertad que se cumplan de manera efectiva se encuentra regulado en los títulos I y II de la Ley No. 19.856, de donde deriva que la decisión de reducir el tiempo de la condena privativa de libertad está radicada en la «Comisión de beneficio de reducción de condena», compuesta por jueces e integrada también por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, estando claro que la ley  previene que ese órgano es el que resuelve soberanamente sobre el otorgamiento o rechazo del beneficio de que se trata. De acuerdo a la normativa legal, debe precisarse que el proceso de rebaja se compone de dos actos administrativos centrales: el primero, de carácter resolutivo, radicado en la citada Comisión, y, el segundo, constituido por el decreto que permite la ejecución de lo anterior.  Tal entendimiento deriva, en primer lugar, del artículo 2 de la ley citada, que previene que aquellas personas que demuestren «un comportamiento sobresaliente» tendrán «derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalentes a dos meses por cada año de cumplimiento», lo que determina que, a diferencia de otros instrumentos penitenciarios, el de la especie no es de carácter discrecional, sino de índole legal -e imperativo, “tendrán derecho”- cuyos presupuestos, que previene el artículo 7 del mismo cuerpo legal, solo han de ser verificados por la Comisión. Por otra parte, el artículo 10, junto con establecer la Comisión mencionada, prevé que ésta «será competente para efectuar la calificación de comportamiento necesaria para acceder a los beneficios», y en los artículos siguientes señala las modalidades de la función”, sostieen los fallos.

(Fuente: Poder Judicial)

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