El proyecto se enmarca en la Reforma Educacional que impulsa la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. “En específico, el proyecto se hace cargo de establecer las condiciones indispensables para que Chile abandone el paradigma que señala que la educación es un bien de consumo y que, al estar organizada a través del mercado, se garantizará su calidad y aporte al bienestar y desarrollo de la sociedad”, señala el texto del mensaje.
Se agrega que este paradigma se expresa, fundamentalmente y en primer lugar, a través de los tres problemas y falacias que el presente proyecto busca resolver: la creencia de que el lucro puede ser un motor efectivo de la calidad en educación; el copago como una visión restrictiva del aporte y las posibilidades de las familias a la educación de sus hijos e hijas; y la selección como manera normal de organizar la escolaridad.
La propuesta legal (boletín 9366) establece modificaciones a la Ley General de Educación para impedir que se materialicen discriminaciones arbitrarias en los procesos de admisión de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.
Para garantizar que todos los recursos destinados a los establecimientos educacionales que reciban aportes estatales sean invertidos exclusiva e íntegramente en fines educativos, se establece como requisito para ser beneficiario de subvenciones educacionales, que los sostenedores estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.
El texto regula especialmente los fines y uso de los recursos que reciben los colegios. Para evitar fraudes, se establece un marco normativo para impedir triangulaciones u otras operaciones mediante contratos con personas relacionadas a los involucrados en los procesos educativos.
(Fuente: Diputados)
Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 9366
