Corte Suprema rechaza recurso y ratifica responsabilidad de canal de televisión por muerte de trabajadora

tv_digitalLa Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de sentencia que confirmó el pagó de multa por 400 UTM (unidades tributarias mensuales) que debe realizar Chilevisión, por su responsabilidad en el accidente laboral que le costó la vida a vestuarista, en 2009.

En fallo unánime (causa rol 6475-2014), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Rubén Ballesteros, Pedro Pierry, Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval; además del abogado integrante Jorge Lagos, ratificaron la sanción aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (seremi) que sancionó a Chilevisión S.A. por la muerte de la vestuarista Lucy Jaramillo Tapia, quien falleció el 16 de diciembre de 2009, al caer a un foso durante la grabación de una teleserie.

De acuerdo a la sentencia del máximo tribunal, la seremi de Salud actuó dentro de sus facultades al aplicar la sanción a la empresa televisiva por su responsabilidad en la mantención de las condiciones de seguridad que debe tener los trabajadores al desempeñar sus funciones.

«Que la sentencia de primer grado –confirmada sin modificaciones- argumentó que el reclamo se limita a sostener que los hechos comprobados no constituyen una infracción a las leyes y reglamentos que rigen la materia, por lo que no cabe analizar si la trabajadora podía o no estar en el lugar en el que ocurrió el accidente. A continuación, el fallo indica que el artículo 36 del Decreto Supremo N° 594 no puede ser interpretado restrictivamente, como lo pretende el reclamante, sino que se debe comprender entre los elementos a que se refiere, cualquier obra o instalación que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, destacando que el foso en que ocurrió el accidente constituye una instalación existente en el interior de la empresa que no reunía condiciones de seguridad para los que transitaban por allí, de modo que dicha norma es plenamente aplicable en la especie. Además, y en lo que respecta al artículo 37, señala que la obligación de seguridad es exigible al encargado de la faena, esto es, al reclamante. En consecuencia, el sentenciador concluye que la resolución reclamada se ajusta plenamente a derecho y desestima la reclamación», sostiene el fallo del máximo tribunal.

Resolución que agrega que «el artículo 174 del Código Sanitario menciona las penas que pueden aplicarse a quienes incurran en conductas transgresoras a sus preceptos y a los reglamentos sanitarios. Esta disposición debe relacionarse con lo establecido en el artículo 82 del mismo texto legal, que prescribe que el respectivo reglamento debe comprender normas que se refieran a «las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la población en general» (…) resulta igualmente aplicable a la materia en discusión, de conformidad con lo establecido en los citados artículos 82 y 174 del Código Sanitario, lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que dispone: «La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella». Por su parte, el artículo 36 de dicho reglamento establece: «Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas». Y el inciso primero del artículo 37 añade: «Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores».

(Fuente: Poder Judicial)

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