Corte Suprema acoge recurso de amparo presentado por ciudadano tunecino

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por un ciudadano extranjero, a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores le denegó la solicitud de visa de residencia permanente en Chile.

En fallo divido (causa rol 11521-2014), los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Eduardo Fuentes, acogieron la acción judicial presentada en favor del ciudadano tunecino Soufien Lahouen, a quien se le negó la visa en el consulado chileno de Rabat, Marruecos.

La resolución del máximo tribunal considera que no se encuentra justificada la negativa para autorizar el ingreso a Chile del recurrente, quien contrajo –además- matrimonio con una ciudadana chilena, por lo que la decisión del Ministerio de RREE constituye un acto arbitrario e ilegal.

«No es posible desatender que el amparado contrajo matrimonio con una ciudadana chilena el 6 de enero del año 2014 cuya acta se encuentra ahora debidamente legalizada en Chile, conforme se demuestra del documento de fojas 95. De modo que se encuentra en la hipótesis que consagra al artículo 29 del Decreto Ley N° 1094 y 49 del Reglamento de Extranjería, por cuanto se ha demostrado la existencia de vínculos de familia en el país, sin que se acreditara la inconveniencia de la visación solicitada. En tal sentido, esta Corte ha señalado en diversas oportunidades que en relación a la aplicación de las normas de extranjería es importante atender a las circunstancias personales y familiares del reclamante, por cuanto la decisión de la autoridad administrativa de denegar el ingreso al país afecta lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de ésta» (Roles N° 8518-2012, de 3 de diciembre de 2012 y N° 5148-2013, de 12 de agosto de 2013) (…) Tampoco es posible desatender que el amparado no registra antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes en su contra. Ni ha logrado la autoridad acreditar en estos autos que el amparado se encuentre en alguna de las hipótesis que determinan prohibiciones expresas de ingreso al país según la normativa de extranjería vigente», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «En las condiciones descritas, resulta que la comunicación realizada  por el Ministerio de Relaciones Exteriores al amparado da cuenta de un acto administrativo que no expresa fundamento alguno de la denegación de la solicitud de visa de residencia permanente. Sin perjuicio de ello, los motivos de la autoridad administrativa sólo han sido explicitados en un documento distinto y posterior del acto administrativo impugnado, como lo es el informe del Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, que rola a fojas 62 y 84. Y aun en éste último, los elementos señalados por la autoridad para denegar la solicitud de visa, tales como no hablar español, no tener un trabajo conocido o haber salido sólo una vez de su país de origen, deben considerarse motivos infundados, lo que importa claramente una discriminación arbitraria, y por ello no pueden subsumirse dentro del estándar de conveniencia o utilidad que las normas de extranjería consignan para el ejercicio de una potestad discrecional por parte de la autoridad administrativa; en tanto que, como ya se ha señalado, en la actualidad dichos estándares deben ser interpretados bajo el prisma de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1, y del  artículo 2 de la Ley N° 20.609, además de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República».

(Fuente: Poder Judicial)

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