Corte Suprema acoge recurso de nulidad por infracciones al debido proceso

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió un recurso de nulidad en contra de una sentencia del Juzgado de Garantía de Chillán que condenó a una persona por el delito falta de lesiones leves al considerar que la actuación del juez durante la dirección de la audiencia violó las garantías del debido proceso.
En fallo unánime (rol 8644-2014) los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas acogieron  el recurso presentado en contra de la sentencia que condenó a Carlos Insunza Figueroa  a pagar una multa de  2 UTM por el delito falta de lesiones leves.
La sentencia consideró que la actuación del juez de Garantía que dirigió la audiencia vulneró la garantía del debido proceso del imputado al realizar interrogatorios a testigos más allá de lo permitido por la ley para este tipo de actuaciones durante las audiencias.
«Del mérito de los antecedentes entregados por los intervinientes al momento de la vista del recurso y luego de oída la prueba producida, resulta inconcuso que la actuación de la Juez de Garantía que ha sido reprochada, puso al acusado en una situación desventajosa o desfavorable, ya que incorporó de oficio antecedentes que no fueron hechos valer por la parte acusadora en aval de su teoría del caso, como se advierte de las pistas de audio reproducidas, en las que se la escucha consultar sobre el clima el día de los hechos, las ropas de los presentes, insistiendo sobre el punto cuando el acusado le dice que no recuerda, elaborando una nueva línea de indagación al consultarle sobre lo que habitualmente usa para esclarecer el punto que, posteriormente, le permite en la sentencia recurrida desacreditar su versión y la de los testigos de la defensa; consulta sobre el contexto, forma de llegar al lugar y razones para encontrarse en el sitio de los hechos, formulando incluso preguntas que pretenden evidenciar la aparente falta de credibilidad de la testigo de la defensa, señora Castillo, al consultarle sucesivamente si recuerda lo que ocurrió 2 días después de sucedido el hecho investigado, o si lo hace respecto de 6 días después para, a continuación, indagar sobre cómo, entonces, sí tiene memoria sobre lo sucedido en el día por el cual comparece, labor que es propia de los intervinientes, en defensa de sus particulares intereses, pero no de un tribunal que debe aquilatar la credibilidad de un testigo en la sentencia sólo sobre la base de la información proporcionada por los intervinientes. El tenor de tales indagaciones claramente exceden el ámbito excepcional que el artículo 329 del Código Procesal Penal permite para intervención de los jueces, al habilitarlos para formular preguntas al declarante con el fin de aclarar sus dichos, toda vez que el supuesto de la norma es que la prueba respectiva haya sido presentada por alguno de los intervinientes en la controversia, sin tener en su producción ninguna injerencia el tribunal ante el cual se rinde y, por otro lado, sus preguntas aclaratorias sólo se producen luego de ejecutado el examen y contraexamen pertinente, potestad que, sin lugar a dudas, en los casos que se decida ejercerla -como ya se ha tenido oportunidad de advertir-, deberá serlo con la mayor prudencia posible, recordando los jueces siempre que es función exclusiva de las partes incorporar la evidencia en juicio, y su deber el de mantenerse ajenos al debate», dice el fallo.
(Fuente: Poder Judicial)

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