Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma sobre pago de derechos municipales por actividades de publicidad

tribunal constitucionalEl TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba parte del artículo 41 N° 5 y del artículo 42, incisos primero y segundo, del Decreto Ley N° 3.063 sobre Mentas Municipales.

La gestión pendiente invocada incide en un proceso de protección en contra de un municipio, por la decisión de ordenar el pago de patente municipal a una empresa de servicios publicitarios, sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

En su sentencia, adujo la Magistratura Constitucional que, traídos los autos en relación y terminada la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate de votos, con lo cual, atendido el quórum calificado exigido por la Carta Fundamental para acoger esta clase de requerimientos y que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC, el voto del Presidente no dirime un empate en estos casos, se tuvo por rechazado el requerimiento por no haberse alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido.

Conforme a lo anterior, las consideraciones por acoger el requerimiento –expuestas por los Ministros Peña, Bertelsen, Romero y Brahm– sostuvieron, en torno a los elementos característicos de los tributos, en especial la ausencia de contraprestación por parte del ente que impone el pago de una suma de dinero, que resulta preciso reiterar que los tributos poseen ciertos elementos particulares que los distinguen de otros ingresos públicos, como las tasas. En efecto, si el pago de la suma de dinero que CBS Outdoor S.A. debe pagar a la Municipalidad de Talcahuano no es voluntario, ni obedece a una contraprestación, ni solventa un “servicio” específico (sino, por el contrario, los gastos generales de la municipalidad), se está en presencia de un tributo propiamente tal.

Además, agrega este voto, no existe contraprestación por parte de la Municipalidad que dé lugar a la obtención de un bien o servicio para quien realiza el pago. Al respecto cabe tener presente algunas consideraciones que derivan: (a) del contraste del hecho gravado con la hipótesis contigua del artículo 42 Nº 5 del Decreto Ley Nº 3.063 sobre Rentas Municipales referida al cobro municipal por la propaganda que se realice en la vía pública; y (b) de la divergencia con la tesis de que el cobro municipal corresponde al pago por un beneficio o contraprestación derivada del poder de policía.

En definitiva, se expone en este punto, el cobro realizado por la municipalidad no constituye una tasa o ingreso no tributario. El cobro no presenta un carácter sinalagmático, no es cuantificable y, al igual que los impuestos (la figura más representativa de los tributos), solventa gastos generales y no de un supuesto bien o servicio específico y fragmentable (en unidades de prestación) que justifique un determinado cobro coactivo cuya base imponible y cuantía ha sido dejada al arbitrio de una ordenanza municipal.

A continuación, respecto al alcance de las atribuciones municipales sobre la materia, se arguye que la Ley de Rentas Municipales, en su artículo 12 y siguientes, regula el cobro por parte de las municipalidades del impuesto anual, cuyo monto fija la misma ley, por permiso de circulación de vehículos que transiten por las calles, caminos y vías públicas en general, y el artículo 23 y siguientes, el cobro de la contribución de patente municipal que grava el ejercicio de las profesiones y actividades lucrativas que la ley señala, caso en que las municipalidades están autorizadas para fijar la patente dentro de los márgenes señalados por la misma ley.

(Fuente: Diario Constitucional)

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