Ministerio Público acusó urgente necesidad de penas disuasivas para abordar el comercio ilegal de especies

Camara-Diputados-ChileLa urgente necesidad de dictar en el país un cuadro de penas realmente disuasivas y proporcionales a la gravedad del daño ocasionado por la comercialización ilegal de especies, planteó esta semana ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Ministerio Público (ULDDECO).

El llamado fue efectuado en el contexto del análisis que realiza la instancia al proyecto  que introduce un conjunto de adecuaciones legales que viabilizan la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), iniciativa que fue aprobada en general en abril de 2010, pero que sólo se vio reactivada semanas atrás.

El abogado de la ULDDECO, Andrés Salazar, valoró la incorporación de los alcances del proyecto, estimando que, ante la ausencia de una regulación especifica que sancione el tráfico internacional de especies protegidas, partes, productos o derivados de ésta, la propuesta es claramente un avance en la materia.

Sin embargo, fue claro en señalar que el Estado debe dotar a los aparatos de persecución penal de herramientas adecuadas para la sanción de estas conductas. “Si no se establecen dichos instrumentos, se corre el riesgo de introducir una legislación meramente simbólica”, alertó.

Planteó que quedan pendientes avances en materia de caza y comercialización interna de especies animales, fauna marina y vida vegetal, poniendo énfasis en aquella que se encuentra en peligro de extinción. En este ámbito, citó como caso emblemático en Chile, lo que está ocurriendo en el norte chileno, en donde bandas internacionales especializadas están diezmando la población de vicuñas, al punto de llevarlas a un riesgo de extinción.

Para apoyar sus planteamientos, el profesional hizo un detallado repaso de las normas vigentes en el país relacionadas con esta temática, las cuales se reúnen principalmente en las leyes de Caza y General de Pesca; en el Código Penal (delitos contra la Salud Animal y Vegetal); y en las ordenanza de Aduanas.

Indicó que, además de las limitaciones normativas y de las débiles sanciones vigentes en nuestra legislación se necesita superar la deficiente dotación de personal dedicado al tema, tanto en las policías como en la misma Fiscalía; implementar herramientas técnicas especiales de investigación en contra del tráfico de especies protegidas; y modificar los tipos penales e inclusión de fauna marina dentro de los objetos de protección.

(Fuente: Diputados)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 6829

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