Reconociendo la improcedencia de que las autoridades del país mantengan una conducta ligada al consumo de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas, un grupo de diputados de Renovación Nacional, liderados por Gonzalo Fuenzalida, presentó una moción que amplía el cambio de acción de la normativa vigente en esta materia, haciéndola aplicable a los parlamentarios.
El proyecto, enviado a análisis a la Comisión de Constitución, fue ingresado a trámite legislativo el pasado 6 de agosto por el diputado Fuenzalida junto a sus compañeros de partido Bernardo Berger, René Manuel García, Nicolás Monckeberg, Cristián Monckeberg,Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y Alejandro Santana.
Los legisladores recordaron que la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, indica que no pueden desempeñarse por personas con dependencia de drogas ilícitas, en la administración del Estado, los cargos de Ministro de Estado, los de Subsecretarios, de jefes superiores de Servicio, directivos superiores o jefes de División; intendentes, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes, concejales y los consejeros y directivos superiores del Banco Central y lo mismo rige para los jueces regulados por el Código Orgánico de Tribunales.
Estimaron que toda persona que desempeñe una función pública, tiene en sus manos una responsabilidad mayor que el ciudadano común puesto que, por las funciones que se le ha encomendado, tienen la obligación de garantizar que se aplique, sin presiones ni condicionantes ajenas a su voluntad y conciencia, la legalidad vigente.
(Fuente: Diputados)
Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 9482
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