Primer Juzgado Civil de Concepción condena al fisco a indemnizar con $20 millones a ex uniformado dado de baja por sobrepeso

mar_oceanoUna indemnización de 20 millones de pesos deberá pagar el Estado al ex sargento primero de la Armada Gonzalo Zúñiga Cisterna, por concepto del daño moral, quien fue llamado a retiro por presentar  problemas de sobrepeso.

El 12 de agosto de 2011, la junta de selección de la Armada rechazó los recursos presentados, manteniendo a firme la inclusión de Zúñiga Cisterna, en la lista de retiros, por estimar que el uniformado presentaba problemas de obesidad, pese a que su hoja de vida no registraba observaciones o malas calificaciones.

Según la resolución dictada por la jueza Margarita Sanhueza Núñez, del martes 23 de septiembre recién pasado, los litigantes coincidieron en que «dicha decisión (de llamar a retiro a Zúñiga) se justificó en su condición física, al ser calificado de obeso», agregando que, si bien, la denominada Ley Zamudio (anti discriminación) no se encontraba vigente a la fecha de ocurridos los hechos entrega elementos que permiten aclarar la discusión, detallando que todos los órganos de la administración del Estado, entre ellos la Armada, debe actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes, teniendo siempre en vista la persona y adecuando su actuar y el ejercicio de sus funciones para «garantizarle el goce y ejercicio de sus derechos y libertades, sin discriminación alguna y cualquier abuso o exceso que se cometa en su accionar debe ser sancionado, entre ellos cualquier que implique una discriminación arbitraria».

La resolución agrega que «el llamado a retiro que se cuestiona, evidentemente al hacerse en base a un aspecto que dice relación solo con la apariencia personal, como es la obesidad, constituye un acto de discriminación arbitraria, pues atenta contra la dignidad de las personas, privilegia a personas a quienes considera esbeltas o no obesas y limita el ejercicio de libertades públicas estableciendo requisitos más allá de los que nuestra Constitución permite –al contrario trata de evitar–, puesta atenta contra las garantías fundamentales».

(Fuente: Poder Judicial)

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