Por 69 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución 116, por el cual se le solicita a la Presidenta Michelle Bachalet remitir un proyecto de ley que cree un servicio público denominado “Defensoría Nacional del Contribuyente”.
La propuesta fue presentada originalmente el 22 de julio del presente año por los diputados PPD Joaquín Tuma; RN Leopoldo Pérez; PL Vlado Mirosevic; DC René Saffirio yMarcelo Chávez; PRSD Fernando Meza; PS Fidel Espinoza; independiente Roberto Poblete; y UDI Juan Antonio Coloma.
La solicitud plantea que el nuevo servicio esté dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y esté sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
La idea, explica el proyecto de resolución, es que el organismo proporcione defensa tributaria a los contribuyentes en los procesos que sean de competencia de los juzgados tributarios y aduaneros, regulados en la Ley 20.322, y que carezcan de abogado.
“Creemos que el Estado y, con ello, la judicatura tributaria, debe dar paso a una nueva etapa en la relación del ciudadano con el poder tributario y jurisdiccional. Ambas son potestades inmensas que en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, en el que hay un andamiaje de frenos y contrapesos, deben tener una correspondencia con los derechos ciudadanos en términos tales que exista una defensa oportuna y de calidad otorgada por el Estado a quienes no puedan procurársela por si mismos”, indica el texto.
Se plantea que los altos costos de transacción en materia de litigios tributarios, sumado a la complejidad y alto componente técnico de su normativa aplicable, como también la escasez permanente de abogados que defiendan a costos razonables al ciudadano común y al pequeño y mediano empresario, hacen aconsejable hoy la creación de una Defensoría Nacional del Contribuyente.
“Puede ser ambicioso, pero creemos firmemente en que hoy el país está preparado para contar con un Consejo, Oficina o Defensoría del Contribuyente. Podemos aspirar razonablemente a que cada vez que un ciudadano enfrente un problema de carácter tributario, tenga la posibilidad de ser defendido jurídicamente por un abogado especialista en esta materias, no para no pagar impuestos, sino para cancelar estrictamente los que correspondan por ley. Eso significa ceñirse de manera fiel a los principios del debido proceso”, recalca el proyecto de resolución.
(Fuente: Diputados)
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