Proyecto que crea cargos para la defensa penal especializada juvenil fue despachado a la sala

codigo procesal penalPor unanimidad y en los mismos términos que lo dispuesto por la Comisión de Constitución, la Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Sala el proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.

La propuesta legal incorpora dos modificaciones específicas a la Ley 19.718:

1. Incorpora 50 defensores locales, destinándose como defensores penales juveniles.
2. Aumenta en 83 cargos la dotación máxima de personal autorizada en la ley. De estos, 50 cargos serán para defensores penales juveniles; 22 para asistentes administrativos; y 11 para profesionales del área sicosocial.

Dado que actualmente los 83 cargos están siendo provistos en calidad de honorarios, el traspaso a la contrata irroga un mayor gasto asociado a las prestaciones previsionales, aportes patronales, componente base y colectivo del bono de desempeño y nivelación de grados a los establecidos en la ley de planta de la Defensoría Penal Pública para estos cargos. En esta línea, el costo fiscal de la medida será de $719 millones en régimen.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con los referidos recursos.

Según expuso Paulina Vodanovic, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, pese a que la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal Juvenil, no contempló la especialización de los organismos pertinentes, la Defensoría cumplió con aquella a través de defensores, profesionales y administrativos contratados a honorarios, a través de un plan piloto.

La Defensora Nacional (S), Viviana Castel, resaltó que la iniciativa es largamente esperada por la institución, ya que regulariza la situación del equipo que desde el año 2006 viene cumpliendo con la defensa especializada que la ley exige en materia penal adolescente y evita la fuga de talentos, al considerar una mejor situación laboral.

Además, resaltó que el 10% del total de casos que atiende la Defensoría Penal Pública, esto es, aproximadamente 32 mil promedio al año, corresponden a la responsabilidad penal juvenil.

Jacques Mora, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP) sostuvo que los defensores públicos juveniles se han constituido como una pieza fundamental en la cobertura del programa, encargándose del 75% de las causas. Agregó que esta implementación no podría haberse llevado adelante sin el apoyo de los sicólogos y asistentes sociales que colaboran con los abogados y coincidió en la importancia de evitar la pérdida de personal especializado frente a condiciones laborales precarias.

(Fuente: Diputados)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 9529

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