Corte Suprema acoge recurso de nulidad por actuación ilegal de carabineros

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el  recurso de nulidad presentado en contra de una sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que condenó a 300 días de libertad asistida a un adolescente imputado por el delito de robo en bienes nacionales de uso público.

En fallo unánime (causa rol 23683-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas; además del abogado integrante Jorge Lagos– anuló la resolución de primera instancia por constatarse el actuar irregular de Carabineros de Chile, en una serie de diligencias realizadas al margen de la ley, sin autorización del Ministerio Público y sobre la base de un video casero.

«Es un hecho no controvertido en autos que las actividades de Carabineros (interrogación de testigos, examen de videos, concurrencia a la casa del menor imputado e incautación de especies) lo fueron sin orden del Ministerio Público, así como que la detención del menor de autos –que fuera interrogado por el personal policial en el marco de las actuaciones cuestionadas– fue declarada ilegal en el momento procesal correspondiente. Tal escenario se comprende en atención a que los agentes policiales ejecutaron una actividad investigativa al margen de la ley, los que actuaron con independencia del curso procedimental iniciado por la denuncia del delito de que se trata (efectuada el día antes de la actividad policial) para obtener prueba tendiente a acreditar la existencia del delito, examinándola, determinando la identidad del autor, concurriendo a su domicilio en dos oportunidades y procediendo a su detención en la segunda de ellas.

Las circunstancias anotadas confirman, entonces, la tesis de la defensa referida a que el personal policial realizó las diligencias de investigación anotadas y las actuaciones que fueron declaradas ilegales al margen de la normativa legal reseñada, toda vez que tanto el aspecto temporal del caso como el carácter de la evidencia analizada descarta con creces la hipótesis de flagrancia que habría permitido su actuar, juicio que también emitió el Tribunal de Garantía correspondiente en la audiencia de control de detención», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Esta Corte, en lo atingente a la garantía constitucional del debido proceso, condiciona la legitimidad de la decisión jurisdiccional desde luego a la existencia de un pronunciamiento que sea corolario de un proceso previo que esté asegurado por reglas formales que aseguren un racional y justo procedimiento e investigación. El cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración (…) en consecuencia, toda la prueba y elementos obtenidos en un proceder al margen de la ley constituye prueba ilícita, misma calidad que tiene, producto de la contaminación, toda la prueba posterior que de ella deriva, esto es, la materializada en el juicio, consistente en las declaraciones de los funcionarios policiales sobre el contenido de las pesquisas, el video, las fotografías y testimonios que hayan derivado de tal indagación. En este sentido, aunque el juez de la instancia haya afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del Ministerio Público en la faena de investigación.
Así, entonces, no resulta admisible lo manifestado por el representante del Ministerio Público en la audiencia de la vista del recurso, que sostuvo que a la prueba producida en el juicio no le eran aplicables los reproches que se formulan a los elementos que originaron la detención del imputado, ya que al haber sido declarada ilegal la detención por una actuación funcionaria que violó normas precisas y determinadas que regulaban el actuar policial, la ilicitud se extiende a todos los resultados generados cabalmente por ella, lo que en el caso de autos importaba extender la exclusión por valoración negativa de la prueba producida en la audiencia respectiva».

Por lo tanto, concluye el fallo: «se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de S.E.A.R. y en consecuencia, se invalidan la sentencia de nueve de agosto pasado cuya copia corre agregada a fojas 21 y siguientes de este legajo y el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1400270322-0, RIT 2319-2014 del Tribunal de Garantía de Valparaíso, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral simplificado ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura los testimonios de doña Ruth Cohen Zamora, doña Luciana de Souza, de los funcionarios señores Felipe Seguel Obreque y Manuel Rojas Pardo, el video extraído de la cámara de vigilancia y las fotografías tomadas de las especies incautadas».

(Fuente: Poder Judicial)

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