Corte Suprema anula juicio y sentencia por obtención ilegal de muestra de Adn

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, que condenó a la pena de 20 años de presidio a un imputado por el delito de robo con violación.

En fallo dividido (causa rol 28451-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados (i) Luis Bates y Ricardo Peralta– acogió el recurso elevado por la defensa de AZR, al considera que sentencia de primera instancia de dictó con infracción de garantías constitucionales, al obtenerse la PDI de manera irregular una muestra de ADN del imputado.

«El tratamiento otorgado por la policía a AZR desde el inicio de la investigación, fue el de testigo, al serle así informado y al leérsele los derechos en tal calidad, lo que no resulta concordante con la naturaleza de las diligencias efectuadas a su respecto, a saber, consultársele sobre su participación en los hechos y proponerle la realización del examen de hisopado bucal con el fin preciso de descartar su participación o bien establecer coincidencia entre su ADN y el que quedó en las prendas íntimas de la víctima, ya que por un lado tales son las interrogantes que naturalmente se dirigen contra un imputado y por el otro se trata de diligencias que el legislador expresamente consideró que sólo pueden realizarse al ofendido y al imputado, según se lee del artículo 197 del Código Procesal Penal, que ordena que este último debe consentir expresamente en seguir dicho procedimiento o bien obtenerse permiso del juez de garantía ante su negativa. De esta manera, al entrevistar los funcionarios policiales a Zamorano Román en una aparente calidad de testigo, notificándole de los derechos que a ellos corresponde y solicitarle su anuencia para la práctica de la prueba de hisopado bucal, actuaron a su respecto en forma contraria a la ley y por demás engañosa, desde que no pusieron en evidencia sus probabilidades de actuación ni los derechos con que contaba en su calidad real, tales como el de guardar silencio y a ser asistido por un abogado y si bien se le advirtió de las consecuencias que podría acarrear la práctica del examen biológico –entendiendo él que era testigo y no inculpado–, lo cierto es que la decisión de aceptarlo o rechazarlo debía ser adoptada con pleno conocimiento de las implicancias que en el ámbito policial y judicial podrían acarrearle los resultados de tales exámenes», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «El imputado ha sido privado del cabal ejercicio de su posición de sujeto de derechos dentro del proceso penal. Esta condición significó, en este caso, la obtención de una prueba científica que constituyó el basamento sustentante de la decisión de condena, puesto que la víctima sostuvo en juicio haberlo visto de lado y no ser capaz de reconocerlo y la comparación de la muestra de la fracción espermática de los fluidos extraídos del calzón de la víctima con la muestra del acusado, con una coincidencia de marcadores genéticos superiores al 99,99% es la base del establecimiento de la participación de AZR en los hechos y con ello, de la condena impuesta.
En suma, la prueba científica que incrimina al acusado ha sido obtenida con vulneración de su garantía constitucional del debido proceso, transgresión que ha resultado trascendente, desde que la presunción de inocencia puede ser destruida sólo sobre la base de pruebas de cargo obtenidas con estricto apego a la ley, siendo éste el caso inverso, al haberse condenado al acusado sobre la base de una evidencia incriminatoria ilícita. Por ello, no queda sino anular el juicio oral y la sentencia dictada en estos antecedentes y adicionalmente, excluir la prueba de cargo obtenida previo quebrantamiento de tales derechos, ya que, tal como lo plantea el profesor Vives Antón «sólo la verdad obtenida con el respeto a esas reglas básicas constituidas por los derechos fundamentales puede estimarse como jurídicamente válida. Lo que se trata de conocer en un proceso judicial no es, innecesario es decirlo, lo verdadero en sí, sino lo justo y, por tanto, lo verdadero sólo en cuanto sea parte de lo justo. Si ello es así –y así parece ser– los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos. Los obtenidos con vulneración de tales derechos habrán, en todo caso, de rechazarse: no es sólo que su ‘verdad’ resulte sospechosa, sino que ni siquiera puede ser tomada en consideración«. (Vives Antón: «Doctrina constitucional y reforma del proceso penal», Jornadas sobre la justicia penal, citado por Jacobo López Barja de Quiroga en «Tratado de Derecho procesal penal», T. Aranzadi, 2004, página 947)».

(Fuente: Poder Judicial)

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