Corte Suprema acoge recurso de nulidad por violación en procedimientos de agente revelador

CorteSupremaChileLa Corte Suprema anuló una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio que condenó a una persona por el delito de tráfico de estupefacientes por infracciones cometidas por la policía en la utilización de un agente revelador de drogas.

En fallo dividido (rol 31.242-2014) la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas acogieron el recurso presentado por la defensa de Moisés González González, condenado a tres años y un día de presidio por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.
La sentencia del máximo tribunal establece que se violaron los derechos del imputado al ser detenido en una diligencia donde se utilizó la figura del agente revelador y que no contó con la autorización del Ministerio Público.
«Los agentes policiales ejecutaron una compra de estupefacientes al margen de la ley, porque la autorización para actuar en calidad de agente revelador, al no encontrarse registrada no existía al momento de la transacción, lo que de manera irregular les sirvió para obtener la respectiva autorización judicial e ingresar al inmueble del imputado procediendo a su detención, por lo que la diligencia quedó teñida de ilegalidad.
Así las cosas, y aun cuando la autorización emanada del Ministerio Público para utilizar la técnica antes referida y, por otro lado, la resolución judicial que faculta a la policía para proceder a la entrada y registro a un inmueble constituyen dos actos procesales autónomos e independientes, emanados de autoridades diversas, no puede desconocerse que, en el caso sub-lite, la información por parte del fiscal de la existencia del primero sirvió necesariamente de sustento para que el Juez de Garantía procediera autorizar la medida intrusiva antes referida, cuestión que trajo como consecuencia la vulneración de garantías fundamentales dado el incumplimiento de la obligación de registro aludida», dice el fallo.
Agrega que: «Dada la inexistencia de la primera y esencial autorización, todo lo obrado al interior del inmueble adolece de ilicitud y, por ende, no ha podido ser empleado en juicio y tampoco ha debido ser valorado como elementos incriminatorios en contra González González, puesto que de lo contrario, se violentan sus derechos garantizados en la Constitución Política y en los tratados internacionales vigentes reconocidos por este país a un proceso y una investigación previas racionales y justas y el ejercicio de una adecuada defensa.
Por lo tanto se determinó: «Se acoge el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública a favor de Moisés Jaime González González y en consecuencia, se invalidan la sentencia de veintidós de noviembre último cuya copia corre agregada a fs. 1 y siguientes de este legajo y el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT 193-2014 y RUC 1400262028-7, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura los testimonios de Pablo Acevedo Peredo, José Díaz Tapia, Juan Carlos Oroz Cáceres y Carlos Gallardo Reyes; la prueba documental consistente Oficio remisor de droga N° 146, de 14 de marzo del 2014, dirigido por la sección O.S.7 de San Antonio al Servicio Nacional de Salud Valparaíso-San Antonio; Acta de recepción Nº 585, de fecha 17 de marzo de 2014, del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio acusando recibo de la droga incautada por oficio remisor N° 146; Reservado N° 637/14, de 24 de marzo de 14, del Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio al Director Instituto de Salud Pública de Chile; Reservado N° 1308/14, de 6 de junio de 2014, del Director del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio a Fiscalía Local de San Antonio; Reservado N° 5247-2014, de 3 de junio de 2014, del Jefe del Sub Departamento de Sustancias Ilícitas a la Fiscalía de San Antonio; los Protocolos de Análisis Químico Código de Muestra N° 5247-2014-M1-2 y N° 5247-2014-M2-2 del Instituto de Salud Pública efectuado por Boris Duffau Garrido, Perito Químico del Sub departamento de Sustancias Ilícitas, Sección de Análisis de Drogas, del Instituto de Salud Pública; Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de Cocaína Base suscrito por el perito Boris Duffau Garrido; Oficio remisor de droga N° 09, de 14 de marzo de 2014, dirigido por la sección O.S.7 de San Antonio al Servicio Nacional de Salud Valparaíso-San Antonio; Acta de recepción Nº 586, de 17 de marzo de 2014, del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio acusando recibo de la droga incautada por oficio remisor N° 09; Reservado N° 655, de 24 de marzo de 2014 del Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio al Instituto de Salud Pública de Chile; Reservado N° 5246/14, de fecha 24 de abril de 2014, del Jefe del Sub Departamento de sustancias ilícitas a Fiscalía local de San Antonio; Protocolo de Análisis Químico Código de Muestra N° 5246-2014-M1-1 del Instituto de Salud Pública efectuado por doña Paula Fuentes Azocar, Perito Químico del Sub Departamento de Sustancias Ilícitas, Sección de Análisis de Drogas, del Instituto de Salud Pública; Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de Cocaína suscrito por la perito Paula Fuentes Azocar; Certificado de depósito a Plazo Reajustable N° 00004526367 del Banco Estado de Chile, de 20 de marzo de 2014 por la suma de $ 5.900; la prueba pericial consistente en la declaración de los profesionales Paula Fuentes Azocar y Boris Duffau Garrido; la evidencia material consistente en un teléfono celular marca Azumi color rojo con negro, 75 trozos de papel Cuadriculado, un cuaderno marca Alquimia, una tijera marca Stainless, color rojo, una bolsa de nylon color blanca con rojo, dos cajetillas de cigarro vacías marca Pall Mall, una cajetilla vacía marca Hilton y un set de siete fotografías».

(Fuente: Poder Judicial)

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