Corte Suprema informa desfavorablemente proyecto de ley sobre penas de robo, hurto y receptación

CorteSupremaChileLa Corte Suprema informó desfavorablemente el proyecto de ley que modifica la aplicación efectiva de penas para los delitos de robo, hurto y receptación, que pretende mejorar la persecución penal de dichos ilícitos.
El pleno del máximo tribunal analizó el proyecto el 3 de marzo pasado y, dos días más tarde, remitió el informe respectivo a la Cámara de Diputados con su opinión respecto del proyecto iniciado en mensaje, el 30 de enero pasado.
La Corte Suprema, en votación dividida, acordó informar de manera desfavorable el proyecto al determinar una serie de problemas y dificultades en las propuestas para aumentar las penas, efectividad de las mismas y el régimen de garantías procesales de los imputados.
«Acerca de la reforma proyectada al Código Penal, como cuestión previa y sin desconocer obviamente las facultades del Poder Ejecutivo en el ámbito político criminal, resulta cuestionable, desde un punto de vista sistemático que, existiendo una Comisión de Especialista, designada para redactar un proyecto de nuevo Código y que se halla en plena labor, se utilice el sistema de leyes sectoriales para reformar anticipadamente ciertos capítulos de ese cuerpo legal, materia que, por razones de armonía y coherencia de las bases ideológicas de una reforma íntegra que busca poner a tono nuestro anciano Código con las necesidades actuales de la sociedad chilena, debería –al igual que todas las demás incluidas en ese cuerpo de leyes– ser estudiada y objeto de propuesta por ese grupo de expertos, designado para ese fin», sostiene el informe.
El oficio agrega: «De los antecedentes y objetivos del proyecto se desprende que parte de la premisa –evidenciable como mito por la historia del Derecho Punitivo– de que se perfecciona la prevención general de los delitos y se atenúa la llamada «inseguridad ciudadana» mediante el incremento de la severidad de las penas y, en general, a través de una respuesta penal (que incluye al Derecho Penal Adjetivo) «más dura» (…) si bien los delitos contra la propiedad son estadísticamente los que mayormente preocupan a la ciudadanía, esto no significa que sean los ilícitos de mayor gravedad, que atenten de manera socialmente insoportable contra los bienes jurídicos de más alto rango, tutelados por la Constitución Política (art 19 Nro 1) y el Código Penal».
Asimismo, el máximo tribunal del país considera objetable la modificación propuesta en orden a hacer inaplicable las normas de los artículos 65 a 69 del Código Penal –referidas a la división de las penas en cada uno de los grados establecidos por ley– al considerarla atentatoria del principio de igualdad ante la ley y cercenar atribuciones entregadas a los jueces.
«En primer lugar (es) contraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que el autor de un delito mucho más grave, como p. ej, un homicidio, podrá obtener una rebaja de la pena legalmente establecida, merced al juego de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En cambio, el autor de un simple hurto –p ej. del artículo 446 nro 2, presidio menor en su grado medio y multa– no podrá recibir un castigo menor a ese grado de presidio, aunque tenga a su favor más de una minorante y no le perjudique ninguna agravante».
Además, sobre este acápite se considera que: «Es útil recordar –por la importancia del tema– ya que la propuesta conduce a menoscabar las facultades de los magistrados en el proceso de individualización judicial de la pena, que el Código Penal francés de 1791, instauró un sistema de estricta y férrea legalidad, hasta el punto de que las penas se encontraban determinadas ex lege, sin que fuese posible graduarlas por parte de los jueces. El delito, pues, tenía la señalada una pena que era aplicada silogísticamente, una vez comprobadas las premisas. Dicho criterio fue corregido por el Código napoleónico de 1810, que admitió ya la existencia de penas variables entre un máximo y un mínimo fijos, pudiendo así los jueces llevar a término una función de graduación de la pena (…) Por tanto, la exclusión de la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal a los delitos ya mencionados –todos contra la propiedad–, introduce un impedimento serio al ejercicio de una función autónoma del juez penal y pone en entredicho la cúspide de su actividad resolutoria, cual es la individualización judicial de la pena».
Las modificaciones al Código Procesal Penal propuestas –continúa– limitan las facultades de los jueces al introducir una serie de nuevos requisitos para decretar suspensiones condicionales de procedimiento y otras salidas alternativas.
«Esta propuesta ha de ser desestimada, por cuanto introduce un elemento que, por limitar en demasía los atributos de los jueces penales a base de un hecho carente de gravedad, en que sólo hay una manifestación de voluntad («acordar»), se aleja notoriamente de las intenciones del legislador originario, en orden a posibilitar un Derecho Penal de alternativas», afirma el informe.
Además, se consideran también atentatorio al principio de igualdad ante la ley la propuesta de limitar los beneficios de la ley 18.216, y determinar una pena de cumplimiento efectivo de un año de prisión.
«La agregación de este requisito nuevo –cumplimiento efectivo de un año de la condena a prisión– resulta incompatible con la naturaleza y fines de las penas sustitutivas, que precisamente están orientadas a evitar los males conocidos y consecuencias insatisfactorias de las sanciones privativas de libertad de corta duración, no idóneas para obtener los fines de rehabilitación del penado. Además de lo señalado, la exigencia que se pretende añadir, implica un trato diferente y discriminatorio –más riguroso– para los responsables de que se trata, en comparación con otros condenados, que no necesitarán cumplir con ella. En definitiva, habría una infracción a la garantía de igualdad ante la ley.

(Fuente: Poder Judicial)

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