La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el recurso presentado por Farmacias Cruz Verde, en contra del Instituto de Salud Pública (ISP) que prohibió el funcionamiento de siete locales de la cadena farmacéutica por incentivar a vendedores a vender determinados productos, práctica denominada “canela”.
En fallo dividido (causa rol 1611-2015), Primera Sala de verano del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Patricio Valdés, Pedro Pierry, Guillermo Silva, Rosa María Maggi y Juan Eduardo Fuentes- ratificó en todas sus partes la sentencia del tribunal alzada capitalino que acogió la acción cautelar por considerar como ilegitimo y abusivo el cierre de locales ordenado por el ISP.
“Como ya se advirtiera por esta Corte en recurso de protección N° 71.516, sobre la misma materia, y fallada por este mismo Tribunal con esta fecha, de las normas citadas precedentemente se concluye que la autoridad sanitaria efectivamente dispone de facultades legales para prohibir el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, medida que está facultada para disponerla incluso un ministro de fe –inspector o fiscalizador– como aconteció en todos los casos ya indicados, pero solamente en un caso justificado, cuando se encuentre enfrentado a una situación de excepción, cuando exista un riesgo inminente para la salud, esto es, cuando la producción de un daño a la salud está a punto de ocurrir, es inmediato en el tiempo. Como se ve, se trata de una medida sanitaria de carácter excepcional, que exige justificación y aplicación restrictiva”, sostiene el fallo del tribunal de alzada.
Resolución que agrega: “Se aprecia que la situación de peligro o “riesgo inminente para la salud” exigida por el artículo 178 del Código Sanitario para facultar a la autoridad sanitaria a disponer la medida de suspensión de funcionamiento de las farmacias afectadas, se ha hecho consistir por ésta, en todos los casos reclamados, en la estipulación en los contratos de trabajos de los llamados incentivos por las ventas efectuados por los dependientes de los establecimientos en cuestión, pero en ningún caso por la venta de productos específicos, supeditando el alzamiento de la medida decretada a la presentación de los contratos de trabajo ” que den cuenta del cumplimiento al artículo N° 100 del Código Sanitario” (…) así las cosas la medida que se impugna mediante el presente recurso, establecida excepcionalmente por el legislador, no aparece haber sido empleada por la autoridad sanitaria en un caso justificado real y efectivamente en la finalidad de evitar la inminente provocación de un daño a la salud pública, sino para obtener el cumplimiento contractual de las reglas que sobre esta materia se contienen -a juicio de la autoridad recurrida- en el artículo 100 del ya citado Código, lo que resulta claro de los fundamentos esgrimidos en las Actas de fiscalización respectivas, los que radican en las cláusulas de los contratos de trabajo de los empleados de los locales farmacéuticos inspeccionados, careciendo en cambio de las razones que debieran dar cuenta de los justificados riesgos que amenazan a la salud pública. Que, en efecto, estima esta Corte que la inminencia de un grave daño a la salud como un caso legalmente justificado no puede inferirse tan solo de la existencia de cláusulas contractuales de incentivos por la venta de productos farmacéuticos, situación prexistente y de público conocimiento, para la eliminación de los cuales la misma Ley N° 20.724 invocada por la autoridad otorgó un plazo de seis meses desde su vigencia para que los empleadores ajusten estos estímulos a su normativa”.
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Pierry, quien estuvo por rechazar el recurso, porque la medida adoptada por el ISP, en su opinión, forma parte de las atribuciones de la repartición pública y se debe considerar como una medida preventiva y no una sanción.
“En el presente caso la medida de clausura de los establecimientos donde se expenden medicamentos ha sido tomada por el ente fiscalizador como medida preventiva y no como sanción, ante la constatación de la infracción por parte del recurrente de la prohibición de incentivos económicos de cualquier índole por venta de medicamentos a los dependientes de establecimientos de expendio; infracción que se encuentra comprobada, según da cuenta la propia sentencia apelada (…) que la autoridad sanitaria se encuentra facultada para tomar, en resguardo de la salubridad pública, entre otras medidas preventivas, la de clausura del establecimiento”, opina el disidente.
(Fuente: Poder Judicial)
