Comisión de Hacienda aprobó y despachó proyecto que fortalece al SERNAC y Asociaciones de Consumidores

consumidorLa iniciativa legal entrega al Servicio más y mejores herramientas en el ámbito de las mediaciones colectivas y nuevas facultades en materia de fiscalización; mediación y conciliación en causas de interés individual; sancionatorias en causas de interés individual; e interpretación de ley y dictación normativa. Asimismo, se fortalece la dotación del personal, particularmente en regiones; se crean subdirecciones especializadas; y se potencia a las asociaciones de consumidores, entre otros puntos, aumentando los recursos disponibles del Fondo Concursable.

En condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara de Diputados quedó ayer en la tarde el proyecto (boletín 9369) que fortalece la institucionalidad del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y a las asociaciones de consumidores, después que la Comisión de Hacienda aprobara, tras dos votaciones en bloques, el conjunto del articulado de su competencia.

En la primera votación la instancia aprobó, por unanimidad, prácticamente todas las normas de la propuesta legal que dicen relación con el financiamiento del sistema (incluye el fortalecimiento del Sernac y de las direcciones regionales; mayor apoyo financiero a las asociaciones de consumidores; y el nuevo sistema de multas), junto con una indicación presentada por los diputados Pablo Lorenzini (DC) y Enrique Jaramillo (PPD), cuyo objeto es precisar que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, que se financiará con cargo al presupuesto del Sernac y, en lo que falte, a la Partida Presupuestaria Tesoro Público, se ajustará al «primer año presupuestario».

En una segunda votación, la instancia aprobó por ocho votos a favor y uno en contra, del diputado Lorenzini, el artículo transitorio por el cual se fija el calendario de entrada en vigencia, en las distintas regiones del país, de las nuevas normas y estructura del Servicio.

El presidente de la Comisión, diputado Pepe Auth (PPD), estimó que esta iniciativa legal es muy importante, no sólo porque corresponde a un compromiso de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, sino porque el diagnóstico compartido, que facilitó su contundente aprobación, es que el Servicio Nacional del Consumidor es una institución de prestigio y querida por la ciudadanía, pero que claramente carece de «dientes e instrumentos para hacer cumplir las leyes, es decir, para forzar a quien la infringe a cumplirla».

Resaltó que el proyecto le otorga al Servicio la posibilidad de llevar procesos administrativos que podrán culminar con multas e indemnizaciones; fortalece al Servicio en cuanto a su personal de manera relevante, siendo el 87% de los recursos nuevos para personal en regiones, dado que es ahí donde está más débil la presencia de la institución; multiplica por dos el Fondo Consursable para las asociaciones de consumidores, para ayudarlas en sus objetivos y tareas; y establece la posibilidad de convenio del Sernac con los juzgados de policía local.

Sobre este último punto, el legislador informó que el Gobierno se comprometió a estudiar incorporar durante el segundo trámite en el Senado, a las asociaciones de consumidores como potenciales partes de un convenio de asesoría jurídica para los afectados por transgresiones a la Ley de protección al consumidor.

El diputado José Miguel Ortiz (DC) también se manifestó muy contento con el resultado y calificó el despacho de la iniciativa legal como un avance histórico para el país, por cuanto el cambio normativo permitirá que el Servicio pueda tener atribuciones para hacer cumplir efectivamente la ley de protección al consumidor.

Desde el punto de vista institucional, destacó que el proyecto significa aumentar de 296 a 714 los funcionarios del Servicio a lo largo de todo el país, siendo la mayor parte de los 418 nuevos integrantes destinados a regiones. Además, agregó, a partir del 1 de enero de 2016 se concretarán oficinas especializadas que tendrán herramientas fiscalizadoras y que procurarán dar soluciones concretas y precisas a las denuncias de los consumidores.

Datos del Proyecto

El proyecto fortalece al Sernac a través de las siguientes facultades:

1. Fiscalización: a. Fiscalizar el cumplimiento de la ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores. b. Solicitar antecedentes en forma amplia. Los funcionarios del Sernac deberán guardar reserva de los antecedentes que puedan afectar el desenvolvimiento competitivo del proveedor. c. Multas de hasta mil UTM en caso de negativas a los requerimientos del Sernac en el marco de sus acciones de fiscalización.

2. Mediación y conciliación en causas de interés individual: a. El Sernac deberá poner en conocimiento del proveedor la denuncia del consumidor, a fin de que aquel en un plazo de siete días, pueda ofrecer alternativas de solución. b. En caso que el proveedor no responda o que no se genere un acuerdo, el Sernac deberá convocar a un audiencia obligatoria de conciliación a la cual deberán comparecer personalmente consumidor y proveedor. c. En el evento que la conciliación no prospere y el consumidor inste por su denuncia, podrá instruirse un procedimiento sancionatorio por el Servicio.

3. Sancionatoria en causas de interés individual: a. Previa instrucción de un procedimiento sancionatorio, el Sernac podrá ordenar el cese de la conducta infractora y la imposición de multas. Para las empresas de menor tamaño no reincidentes, se promoverá una capacitación en los derechos y deberes de los consumidores. Además, se podrá pedir la restitución de cobros ilegales, con reajustes e intereses; y otras medidas preventivas o correctivas (como el reemplazo de un producto defectuoso). b. De la resolución final del procedimiento sancionarorio podrá siempre reclamarse ante el Juzgado de Policía Local competente. En las causas de cuantía mayor a 25 UTM, en contra de la sentencia del Juzgado, podrá recurrirse ante la Corte de Apelaciones. c. El Sernac tendrá competencia exclusiva para sancionar en casos de cuantía de hasta 25 UTM, en tanto que en los demás casos el consumidor elige entre el Sernac y los Juzgados de Policía Local.

4. Interpretativa: a. Con el fin de otorgar certeza tanto a proveedores como consumidores, se le confiera al director nacional la facultad de interpretar administrativamente la normativa de protección de los derechos de los consumidores (por ejemplo, cómo se debe cumplir con el deber de informar precios al público). La facultad será relevante para garantizar la aplicación uniforme de la normativa por parte de los directores regionales en el marco de los procedimientos sancionatorios. b. Se establece el derecho de los afectados por interpretaciones administrativas a reclamar por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

5. Normativa: a. Se confiere al director nacional la facultad de dictar normas e instrucciones de carácter general obligatorias para los proveedores (por ejemplo obligar a etiquetar productos). b. El director debe solicitar el pronunciamiento previo de un Consejo Técnico, integrado por tres expertos. En caso de que la unanimidad del Consejo considere que la normativa propuesta resulta manifiestamente ilegal se lo representar. c. En caso que la normativa incida en sectores regulados, se deberá oficiar a la Superintendencia o autoridad para que emita su opinión técnica. d. Se determina el derecho de los afectados a reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago. e. Se crea un Comité para promover el ejercicio coherente de las atribuciones y diálogo regulatorio entre los órganos del Estado.

6. Regulación de mediaciones colectivas: a. Se perfecciona la facultad del Servicio para llevar a cabo mediaciones colectivas con anterioridad al ejercicio de las acciones judiciales destinadas a proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores. b. Se regula su procedencia, procedimiento, plazo de duración, publicidad y efectos. c. Se vela por la certeza jurídica, tanto para proveedores como para consumidores.

En línea con estas seis áreas, se contempla la creación de seis unidades independientes que estarán a cargo de subdirectores designados a través del sistema de Alta Dirección Pública. La división estricta de funciones estará garantizada a través de normas de orden interno cuya infracción será calificada de grave en relación con los deberes funcionarios.

 

(Fuente: Camara)

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