Corte Suprema acoge recurso de protección por prohibición de funcionamiento de montaña rusa

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el parque de entretenimientos «Felicilinda» de Viña del Mar, por cierre de uno de sus juegos mecánicos.

En fallo unánime (causa rol 5712-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Lamberto Cisternas y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Rafael Gómez- acogió la acción presentada en contra de resolución de la seremía de Salud de Valparaíso, que ordenó el cierre de la montaña rusa «Galaxy» del parque de entretenciones Felicilinda de Viña del Mar.

La sentencia de la Corte Suprema considera que la actuación de la secretaría regional ministerial de Salud de la Región de Valparaíso al proceder a prohibir el funcionamiento del juego mecánico, fue ilegal y arbitraria.

«Que a juicio de esta Corte, la omisión de la recurrida de no pronunciarse formalmente respecto a la solicitud de alzamiento de la prohibición de funcionamiento de la Montaña Rusa, constituye una conducta ilegal y arbitraria, que vulnera la garantía de la igualdad ante la ley consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Cabe considerar que el artículo 8° de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos dispone que: «Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad». La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha ratificado dichos criterios, al señalar que al negarse la autoridad pública a pronunciarse ante la solicitud de un afectado que es agraviado por una decisión de un órgano administrativo, «lo coloca en una situación de desigualdad ante el ordenamiento jurídico frente al propio órgano del Estado llamado a resolver… ya que impide cualquier reproche legal y logra a su vez que el particular interesado se encuentre en la imposibilidad práctica de conocer si existe o no un mérito para intentar un reclamo legal» (…) «al no acoger ni rechazar una solicitud, la autoridad deja al afectado en situación desmedrada para actuar procesalmente y defender con expedición en términos igualitarios sus derechos» (…) «En el mismo sentido la jurisprudencia administrativa ha indicado que (…) el cumplimiento de ese deber de dar respuesta, exige adoptar, en un plazo prudencial, una determinación frente a lo pedido, que puede consistir en un pronunciamiento que acoja o deniega lo solicitado, según proceda (…) dándose debido conocimiento de la respuesta al solicitante o a su apoderado». (Cordero Vega, Luis, «Lecciones de Derecho Administrativo», Ed. Legal Publishing Chile, 2015, pág. 363 y 364)», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Como consecuencia de lo razonado el recurso de protección deberá ser acogido, ordenándose a la recurrida dictar una resolución en que manifieste su decisión respecto de lo solicitado por la recurrente».

(Fuente: Poder Judicial)

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