Corte de Santiago condena a concesionaria de autopista pagar indemnización a raíz de muerte por pedrada

corte-apelaciones-santiagoEn fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la empresa Autopista del Maipo pagar una indemnización total $600.000.000 (seiscientos millones de pesos) a los familiares de Andrea Urrejola Montenegro, quien falleció en marzo de 2012, producto de las graves heridas que le provocó una pedrada que recibió mientras transitaba –a bordo de un automóvil– por la ruta.

En su sentencia, expone la Corte capitalina que la responsabilidad extracontractual demandada por los actores en contra de la concesionaria ha quedado claramente demostrada en la sentencia que se revisa, de acuerdo a las normas legales invocadas y a las omisiones negligentes en que incurrió en la mantención de la ruta, según lo razonado en las motivaciones décimo tercera, décimo cuarta y décimo sexta a décimo octava, razones compartidas por esta Corte. No así lo expuesto en la motivación décimo quinta, ya que no estamos frente a una responsabilidad objetiva, sino como se dijo a un actuar negligente en la mantención de una ruta concesionada, negligencia que produjo el trágico accidente que nos ocupa, más aún si luego de producido éste, se procedió a tomar medidas de seguridad que antes no existían, no siendo excusa válida que si el MOP no las exige, ellos no tienen obligación de tomarlas. Tal argumento puede servir para los efectos que no hayan existido barreras, pero no puede ser válido para no mantener la vía y sus atraviesos libres de proyectiles que puedan ser lanzados a los vehículos que la transitan, más si se asevera que se hacen inspecciones constantes y diarias de la ruta.

De ese modo, el fallo concluye expresando que la concesionaria debe pagar $100.000.000 (cien millones de pesos) a Héctor Olea Matte –cónyuge de la víctima–; $100.000.000 (cien millones de pesos) a cada uno de los cuatro hijos de Andrea Urrejola Montenegro; $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Eduardo Urrejola González (padre de la víctima) y $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a María del Pilar Montenegro Sánchez (madre de la víctima).

(Fuente: poder judicial)

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