Corte Suprema acoge recurso de nulidad y ordena nuevo juicio en caso de abuso sexual

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió un recurso de nulidad en contra de una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Arica que condenó a un hombre a la pena de 5 años y un día de presidio por el delito de abuso sexual de un menor de edad.
En fallo unánime (rol 5851- 2015) la Segunda Sala Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez acogieron el recurso y ordenaron la realización de un nuevo juicio en contra de José Antonio Colque Colque condenado en abril pasado a la pena antes señalada.
De acuerdo a la sentencia del máximo tribunal se vulneraron las garantías constitucionales de derecho al debido proceso e igualdad ante la ley al no aceptar durante el juicio oral la declaración de una testigo por aparentes errores en la transcripción del nombre «Es posible concluir que, dentro de la garantía del debido proceso, el derecho a ser escuchado tiene un rol fundamental puesto que tiene una estrecha ligazón con la igualdad en el acceso a la justicia. En el ámbito del proceso penal, y desde la perspectiva del sujeto de la imputación, este derecho se materializa a través del principio de contradicción, que le permite no sólo controlar la calidad de la prueba de cargo, sino también producir las evidencias que estime convenientes, a fin de desvirtuar la acusación.
Lo dicho anteriormente encuentra, además, consagración positiva en lo dispuesto en el artículo 8°, N° 2, letra f) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como garantía judicial de todo inculpado en un proceso criminal el «derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos».
Las directrices antes anotadas subyacen en la legislación, desde que las prescripciones del Código Procesal Penal que se refieren a la prueba testimonial, que es el caso que nos ocupa, dejan en evidencia que el legislador no ha impuesto más exigencias formales a su ofrecimiento que hacerlo en la oportunidad procesal pertinente, la audiencia de preparación de juicio oral, para así resguardar el necesario debate sobre su idoneidad para ser recibida en juicio. De esta manera, habiendo sido incluido dicho medio de convicción en el auto de apertura del juicio oral, el tribunal ha de tener en claro que debe recibir dicha prueba, y que la eventual decisión de impedir su producción no puede basarse en la imposición de mayores formalidades que las previstas en la ley. En ese contexto, surge que los juzgadores no están facultados para vetar la prueba testimonial de descargo teniendo como fundamento una discrepancia en la individualización del deponente entre lo consignado en su cédula de identidad y en el auto de apertura del juicio oral si tales inconsistencias, meramente formales, se ven superadas por la claridad respecto de la persona cuyo testimonio se pretende.
Esa es, precisamente, la situación que se produjo en estos antecedentes, puesto que más allá de la evidente confusión entre el nombre «Flora» y el apellido «Flores» que se produjo en el auto de apertura, lo cierto es que no caben dudas en cuanto a que se trata de la abuela de la víctima y cónyuge del imputado, quien además estaba presente en el tribunal dando cumplimiento a su obligación de declarar como testigo. Cabe destacar, adicionalmente, que el Ministerio Público no afirmó en el debate previo a la exclusión que la persona allí presente fuese distinta de aquella que fue citada como testigo en la audiencia pertinente, sino sólo manifestó la duda por las inconsistencias en su nombre, vacilaciones que podían ser fácilmente solucionadas a partir de los dichos de la deponente cuestionada, quien estaba expuesta a ser testeada a través del contraexamen por el Ministerio Público», dice el fallo.

Agrega que: «la exclusión, en la audiencia de juicio, de la prueba testimonial de la defensa consistente en los dichos de Lucila Flora Blas Flores, transgredió la garantía constitucional del imputado de ser juzgado en un debido proceso, en cuanto se vio impedido de ejercer su derecho a defensa, a rendir prueba de descargo, y presentar e interrogar a su testigo.
La trascendencia del vicio de nulidad detectado, no obstante consistir en infracciones de «derechos o garantías asegurados por la Constitución o los tratados internacionales» -atendiendo al criterio de conservación de los actos procesales-, exige que, además, se trate de una vulneración sustancial, esto es, de significación, relevancia o trascendencia, lo que obliga a que la que se llegare a constatar también sea ponderada para verificar su carácter «sustancial», debido a que por no importar una regla o mandato su aplicación debe determinarse atendiendo a las singularidades del caso. Esa sustancialidad no dice relación con lo resolutivo del fallo, ya que ello en la especie obligaría a ponderar prueba para verificar una eventual y diversa conclusión fáctica, sino con la entidad o dimensión de la vulneración de que trate. La situación es similar a los motivos absolutos: no se precisa demostrar perjuicio – porque se le presume cuando se trata de esta clase de infracciones- ni incidencia en lo resolutivo, pero debe constatarse que se trata de una infracción relevante de los derechos o garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. En ese contexto, no cabe duda en torno a que en el presente caso la afectación detectada tiene la trascendencia necesaria para acoger el recurso, ya que se ha repelido un testimonio ofrecido por la defensa del acusado, circunstancia que claramente afecta al derecho a defensa jurídica, toda vez que la insuficiente identificación de la testigo pudo ser superada en la misma audiencia de juicio, convirtiéndose la negativa del tribunal en un injustificado impedimento a producir la totalidad de su prueba de descargo, de manera que no ha podido ejercer en plenitud aquél derecho, que se traduce en la única forma de asegurarle su conducción en el juicio oral en una situación de igualdad procesal ante el ente persecutor. Lo precedente constituye una infracción sustancial del derecho al debido proceso de que goza Colque Colque, garantizado en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales, atendido el alcance del artículo 5 de la Constitución Política de la República, de lo que se sigue que el juicio y la sentencia carecen de validez, por lo que el recurso de nulidad será acogido».

(Fuente: Poder Judicial)

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