Corte Suprema entrega competencia al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para tramitar causa por cohecho en el comando bienestar del Ejército

CorteSupremaChileLa Corte Suprema resolvió la contienda de competencia entre la justicia civil y militar para continuar con la tramitación de la causa por los delitos de cohecho, estafa y malversación de caudales públicos, seguida en contra del teniente coronel del Ejército Mauricio Lazcano Silva, dejándola radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En fallo dividido (causa rol 88463-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal del país – integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Arturo Prado- resolvió a favor del tribunal de fuero civil la contienda de competencia trabada con la Primera Fiscalía Militar de Santiago en el proceso que se sigue en contra del jefe de informática del Comando de Bienestar del Ejército.

La resolución determina que los ilícitos imputados a Lazcano Silva no son de naturaleza militar, sino delitos comunes:
«En relación al delito del artículo 248 bis del Código Penal, por la aceptación de un beneficio económico para ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo, los hechos que lo conforman y que fueron materia del procesamiento ante la judicatura militar, tal como han sido planteados, corresponden a un delito común cometido en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Justicia Militar atañen al fuero común, resultando desplazada entonces la norma de competencia del artículo 5 N° 3 del mismo código. En efecto, el encartado Lazcano Silva se desempeñaba a cargo del departamento de informática del comando de bienestar del Ejército y, por ende, no cumplía las funciones esenciales y consustanciales a las Fuerzas Armadas, como cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, esenciales para la seguridad nacional y que garantizan el orden institucional de la República, como establece el artículo 1, inciso 1°, de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, sino desarrollando funciones anexas y complementarias a las militares, propias de alistamiento como indica el inciso 2° del precepto recién citado. Concordantemente, los hechos objeto de formalización ante el juzgado de garantía calificados como cohecho y negociación incompatible, también dicen relación con licitaciones públicas en las que el imputado Lazcano Silva interviene en su calidad de jefe de informática del Comando de Bienestar, licitaciones regidas por la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, cuyo artículo 3 letra f) precisamente excluye su aplicación tratándose de los contratos que versen sobre material de guerra», sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

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