Corte Suprema modifica tramitación de recursos de protección

Corte suprema 1El ministro Milton Juica, vocero del máximo tribunal del país, dio a conocer en la tarde de hoy, viernes 7 de agosto, los siguientes acuerdos adoptados por el pleno.

-Se designó a la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi para formar parte de la delegación chilena en el examen del cuarto y quinto informe consolidado de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, que se desarrollará próximamente en Ginebra, Suiza. La ministra Maggi está encargada de los temas de Familia y, por lo tanto, también de lo que se relacione con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

-Se rechazó por improcedente la petición del abogado Gonzalo Bulnes Núñez, quien solicitó la nulidad de orden pública internacional de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes, en contra Martín Larraín, para que se invalidara dicho juicio y la sentencia, y proceder a la realización de un nuevo juicio oral. El pleno de la Corte Suprema consideró que la causa se encuentra ejecutoriada, por lo que  «(…) no caben recursos de ninguna naturaleza. Por lo tanto, no se puede pronunciar sobre algo ya resuelto».

Además, el ministro Juica dio cuenta de un auto acordado elaborado por la Corte Suprema, relativo al procedimiento de recursos de protección de derechos constitucionales, «que es la única herramienta que existe para la tramitación de recursos constitucionales», dijo el vocero, quien añadió que se han hecho algunos ajustes relacionados con el uso de la tecnología para incorporarla en las comunicaciones, notificaciones y peticiones de oficio relativos a esta acción constitucional.

«También se observó por el Comité de Modernización de la Corte Suprema que promovió estas modificaciones, la situación de insatisfacción de los usuarios en materia de protección, porque las cortes declaraban inadmisible el recurso y no se establecía un recurso de apelación en la Suprema. Se corrigió eso para dar más seguridad y más garantía a los usuarios, sobre todo a los que recurren de protección, de manera que si estiman que les causa agravio una declaración de inadmisibilidad de la Corte de Apelaciones, pueden ir a la Corte Suprema para que revise esta decisión y resuelva, a lo mejor, de manera distinta lo fallado».

Consultas
El ministro Juica fue consultado respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rebajar las costas cuando se acogen los recursos de protección en contra isapres por alza unilateral del plan. «El sistema electrónico para la tramitación que se usa actualmente simplifica mucho la actividad de los abogados», respondió el vocero y agregó que: «la Corte de Apelaciones dentro de su facultades  -que no las podemos discutir-, estableció un arancel que es suficiente para resarcir los gastos que pudieran tener un usuario en un recurso de protección».

Aclaró que la Corte Suprema no se pronuncia sobre esta facultad que el tribunal de alzada ha fijado «de acuerdo a sus facultades propias de gobierno».

Al ministro Juica también se le preguntó por temas de seguridad pública y la cantidad de condenas por delitos violentos. Al respecto dijo que ello «depende  de la cantidad de causas que se pongan en conocimiento de los tribunales,  porque el Ministerio Público determina responsabilidades y la  gran mayoría de estos hechos, llegan cuando hay una persona acusada de haber participado en el delito o antecedentes sobre la autoría».

«Desde ese punto de vista, si el Ministerio Público tiene pruebas suficientes la persona va a ser condenada con la pena que la ley establece, que son altas en el caso que menciona. Pero si la situación queda dentro de la actividad de las policías y el Ministerio Público, no es responsabilidad de los tribunales de justicia, y esas instituciones deben dar las explicaciones de por qué no llegan a mejores resultados».

Respecto de la ponencia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, sobre el derecho laboral pronunciada en un seminario realizado en el Palacio de Tribunales, Juica dijo que se había hecho en un contexto académico donde existe libertad de cátedra y de opinión, por lo que: «hay que respetarla: además, la está dando a título personal por lo que no compromete ni al Poder Judicial, ni a la Corte Suprema», agregando que «una opinión académica no puede tener tanta importancia como para inhibir la actividad legislativa».

«Es un debate político que puede tener muchas vertientes. Una de ellas puede ser la opinión de ministros o jueces que tienen opiniones determinadas sobre temas fundamentales de la República (…). No hay que tener miedo de la discusión y del debate y en este país los poderes del Estado actúan autónomamente para resolver», añadió.

Asimismo, el vocero fue consultado sobre el avance en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos. «La tendencia  es que ha aumentado progresivamente el conocimiento de estos asuntos. El resultado es muy positivo, porque ha abarcado un número importante de víctimas y el número de fallos ha superado la cantidad de causas en tramitación», respondió.

Frente a la consulta de cómo evaluaba la actuación de los jueces en estos procesos antes de la recuperación de la democracia, Juica señaló que «la actuación del Poder Judicial no fue la mejor.  No estuvimos a la altura como jueces en la investigación. Se pueden dar todas las razones, pero en el hecho no hubo investigación clara y determinada, salvo dos o tres casos. Los casos rápidamente fueron absorbidos por la justicia militar y sobreseídos por aplicación de la amnistía. Ahí los jueces civiles no pudieron hacer nada. Hasta cuando se cambió el criterio, ya en democracia, en que la Corte Suprema estimó que esos delitos debían seguir siendo investigados hasta su sentencia definitiva; y el avance ha sido sustancial después de eso».

Consultado específicamente sobre el caso denominado Laja-San Rosendo, en que aparece mencionada la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, el vocero dijo que: «Tengo conocimiento incidental, porque no conozco la causa. Pero de ese terrible suceso en que 19 personas fueron fusiladas, se hizo una investigación por un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción que tuvo la virtud de recuperar los cadáveres, hacer todas las pericias correspondientes y avanzó bastante en esta materia hasta que terminó siendo absorbida la causa por la justicia militar, sobreseída y amnistiada. Hasta que se reabrió por querellas hace algunos años, en los que quedó en manos del ministro Aldana que ha hecho un trabajo extraordinario, con varios procesamientos y, por lo tanto, esa causa va muy bien encaminada. En la época en que ocurrieron los hechos algunos jueces, a lo mejor no tuvieron la convicción o la fuerza suficiente para conocer de los casos, pero en lo que se refiere a la jueza de ese tribunal (de Yumbel) se aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria, y a la secretaria de esa época que es la actual  ministra, en una primera instancia, se le aplicó también una sanción que la Corte Suprema dejó sin efecto, y ella no recibió sanciones de carácter disciplinaria, como sí lo recibió la jueza que era la responsable de ese tribunal. De tal manera que hubo una investigación respecto de esa cuestión».

(Fuente: poder judicial)

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