Diputados buscan incorporar en el Código Tributario la compensación económica para los casos de divorcio o nulidad en el matrimonio

codigo tributarioPor unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 389 que solicita a la Presidenta de la República modificar el Código Tributario en su artículo 35, incorporando la compensación económica en los casos de divorcio o nulidad en el matrimonio.

La iniciativa fue presentada por el diputado Germán Verdugo (RN), junto a sus compañeros de partido Alejandro Santana, Bernardo Berger, Leopoldo Pérez, Germán Becker, Diego Paulsen, Nicolás Monckeberg y René Manuel García, además de Ricardo Rincón (DC),Andrea Molina (UDI) y María José Hoffmann (UDI).

En el documento, los autores argumentaron que la compensación económica, que se encuentra reglamentada en la Ley de Matrimonio Civil, corresponde al derecho que asiste el cónyuge más débil que, por dedicarse al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que se produce como consecuencia del divorcio o nulidad del matrimonio.

Indicaron que, para determinar el monto de la compensación económica, se debe conocer la situación patrimonial de los cónyuges y, si bien el artículo 35 del Código Tributario establece una excepción general al principio de reserva, al disponer que podrá informarse de ciertos datos tributarios del contribuyente cuando estos fueran necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del mismo Código o de otras normas legales, esto no se cumple en juicios de nulidad o divorcio.

Admiten que a dicha norma se agrega lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, relativo al ofrecimiento de la prueba, pues esta autoriza al juez de familia, ya sea a petición de parte u oficio, a generar medios de prueba que dependan de órganos, servicios públicos o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado, como el patrimonio de una persona.

Asimismo, añaden que el Servicio de Impuestos Internos, en la Circular número 43 del año 1998, interpreta esta materia administrativamente, reconociendo que la reserva tributaria admite excepciones cuando una norma legal lo disponga y reconoce, además, que existen normas legales en ese sentido no contempladas en la circular.

No obstante, afirman que la realidad es que el Servicio de Impuestos Internos no accede a otorgar la información cuando se trata de juicios de nulidad o divorcio con compensación económica, lo que finalmente le impide a los jueces de familia lograr un conocimiento acabado acerca de la situación patrimonial de los cónyuges.

En el documento, los autores argumentaron que la compensación económica, que se encuentra reglamentada en la Ley de Matrimonio Civil, corresponde al derecho que asiste el cónyuge más débil que, por dedicarse al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que se produce como consecuencia del divorcio o nulidad del matrimonio.

Indicaron que, para determinar el monto de la compensación económica, se debe conocer la situación patrimonial de los cónyuges y, si bien el artículo 35 del Código Tributario establece una excepción general al principio de reserva, al disponer que podrá informarse de ciertos datos tributarios del contribuyente cuando estos fueran necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del mismo Código o de otras normas legales, esto no se cumple en juicios de nulidad o divorcio.

Admiten que a dicha norma se agrega lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, relativo al ofrecimiento de la prueba, pues esta autoriza al juez de familia, ya sea a petición de parte u oficio, a generar medios de prueba que dependan de órganos, servicios públicos o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado, como el patrimonio de una persona.

Asimismo, añaden que el Servicio de Impuestos Internos, en la Circular número 43 del año 1998, interpreta esta materia administrativamente, reconociendo que la reserva tributaria admite excepciones cuando una norma legal lo disponga y reconoce, además, que existen normas legales en ese sentido no contempladas en la circular.

No obstante, afirman que la realidad es que el Servicio de Impuestos Internos no accede a otorgar la información cuando se trata de juicios de nulidad o divorcio con compensación económica, lo que finalmente le impide a los jueces de familia lograr un conocimiento acabado acerca de la situación patrimonial de los cónyuges.

(Fuente: Diputados)

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