Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que crea sistema de garantía de derechos de la niñez

niñosLa Corte Suprema envió al Congreso informe respecto del proyecto de ley que establece un «Sistema de garantía de los derechos de la niñez», iniciativa que se encuentra actualmente en tramitación en la comisión de familia y adulto mayor de la Cámara de Diputados.

En el informe, el máximo tribunal del país valora el contenido del proyecto que adecua la norma chilena a los estándares internacionales sobre la materia. «Es importante destacar que esta iniciativa viene a adecuar la normativa legal chilena a los estándares internacionales en materia de respeto, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuestión que da cuenta del compromiso del Estado de Chile para hacer efectivos estos derechos. Además de determinar que las normas internacionales deben considerarse al momento de aplicar e interpretar la ley, el proyecto establece un catálogo de derechos y garantías y propone normas que tienden a su efectivización», sostiene el oficio.

En cuanto a la limitación para separar a niños y jóvenes de sus familias y que esta sea utilizada como último recurso en los casos de decretarse medidas de protección de derechos, el informe indica que: «Lo expuesto constituye un indudable avance en el reconocimiento positivo de numerosas garantías a la niñez que el derecho internacional hace buen tiempo considera parte de su acervo, y que en gran medida han ido siendo reconocidas por vía jurisprudencial en nuestro ordenamiento».

Sobre los cambios propuestos en la iniciativa legal, que facultan al Ministerio de Desarrollo Social para disponer por la vía administrativa, de medidas para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, restando competencia a los tribunales para resolver sobre la materia, la Corte Suprema considera que: «La pretensión de limitar la actividad jurisdiccional a las hipótesis descritas, podría importar una renuncia a ciertas actividades que, por definición, debieran ser resueltas por los tribunales de justicia, particularmente cuando existe una situación de vulnerabilidad de un niño o niña y un padre, madre o cuidador presente que manifieste en algún sentido un interés diverso al impuesto u orientado por el órgano administrativo competente. Ciertamente, la facultad de reclamar de la ilegalidad de un acto administrativo ante los tribunales de justicia, si bien se considera como salvaguarda del debido proceso en ciertos ámbitos jurídicos, principalmente en materias sancionatorias, pareciera de más difícil justificación cuando lo que está en juego es la posible vulneración de derechos de niños o niñas y la aplicación de medidas que, amén de ir beneficio directo o indirecto del protegido, no dejan de ser intrusivas para los padres o cuidadores del mismo».

Asimismo, en lo que dice relación a dar prioridad al acogimiento familiar por sobre la internación en centros especializados, el máximo tribunal señala: «Que el artículo 36, referido a la Protección Judicial, señala que el tribunal al momento de aplicar una medida que involucre separación de la familia deberá priorizar especialmente modalidades de acogimiento familiar y sólo a falta de ellas y por medio de resolución fundada en el interés superior del niño, podrá implementar una internación en régimen residencial. Sobre el particular es necesario recalcar la importancia de que el Estado cuente con mecanismos adecuados que permitan, en la práctica, la implementación de esta norma. Ello se vincula estrechamente con la creación del nuevo servicio a que se hace referencia en el mensaje y en el artículo tercero transitorio del proyecto de ley».

En tanto, con relación a la progresividad en la implementación del proyecto de ley, la Corte Suprema opina que: «La progresividad no debe impedir el hecho de que este proyecto de ley debe entender como incorporada la obligación inmediata para el Estado de garantizar el goce de niveles esenciales de cada uno de los derechos que reconoce, ya que de lo contrario, se vería disminuido su impacto efectivo. Esto debe ser especialmente enfatizado respecto de los niños y niñas pertenecientes a los sectores, comunidades y pueblos más vulnerables de nuestro país, respecto de quienes debe garantizarse especialmente, el goce inmediato de niveles esenciales de los derechos reconocidos en este proyecto de ley de garantías de los derechos de la niñez».

Sistema de control y seguimiento
Además, la Corte Suprema, reitera que el Poder judicial es partidario de contar con un sistema de control y seguimiento de las medidas de protección decretadas por los tribunales.

«En la actualidad una de las debilidades del modelo de justicia de infancia imperante es precisamente la falta de un modelo claro y efectivo de control y seguimiento de las medidas impuestas por los tribunales de justicia. Sin perjuicio de lo anterior, se han hecho esfuerzos por enmendar o disminuir dichas deficiencias, conforme por ejemplo se advierte en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia, su Servicio Nacional de Menores y el Poder Judicial que ha buscado la generación de un sistema único e integrado de información de los niños, niñas y adolescentes que han sido sujeto de alguna medida de protección. Al respecto, la iniciativa en comento, nada dice, mostrándose aquello como una mantención de las carencias en la materia, las que se profundizan al otorgar al ente administrativo facultades que actualmente pertenecen a la judicatura. Lo anterior, cobra mayor sentido al no existir claridad respecto a las modificaciones que se harán a la ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia y en lo concreto, a si se contará o no con un sistema encargado de controlar la ejecución de estas medidas. Lo anterior se justifica no solo desde un punto de vista de seguimiento temporal del cumplimiento de aquellas medidas que se determinen, sino además de un sistema que tienda a evaluar si los objetivos de las mismas se cumplen, o si tienen los efectos esperados. Todo lo anterior, se insiste, cobra mayor sentido en la medida que el control y seguimiento de la ejecución, lo haga un ente neutral, que vele por el respeto, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y no que lo haga el ente administrativo que las determina, ejecuta y financia».

En resumen, el máximo tribunal valora la iniciativa legal, pero insta a que se defina claramente aspectos relacionados a procedimientos, instituciones relacionadas, implementación y financiamiento.

«La relevancia de la iniciativa legal en análisis insta a requerir un señalamiento claro no sólo de las normativa que regirá los procedimientos e instituciones administrativas que procurarán la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que el propio proyecto se esmera en consagrar, sino también la definición de su entrada en vigor y el debido financiamiento para su ejecución. El carácter de «ley marco» que ella misma se autoproclama, no constituye una razón suficiente para dejar a la deriva estos aspectos que resultan sustantivos a la hora de evaluar la coherencia y armonía de este «sistema» de protección que es de imperiosa implementación. Así, en cuanto a su entrada en vigencia, en su artículo tercero transitorio el proyecto difiere la entrada en vigor de varias de sus disposiciones referentes a la protección administrativa y otras normas relevantes, para cuando se produzca la «entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Protección de la Infancia, cualquiera sea su denominación legal, con competencia para adoptar medidas de protección especial de los derechos de los niños», con lo que se supedita la efectiva demanda y provisión de estas garantías a una «condición», aserto que hace complejo evaluar la seriedad del compromiso con esta reforma institucional que desde hace tiempo se torna exigible en función de las obligaciones internacionalmente asumidas».

(Fuente: poder judicial)

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