Corte Suprema envía al Senado informe sobre proyecto de ley de identidad de género

IDENTIDAD DE GENEROLa Corte Suprema emitió un segundo informe sobre el proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género, el que se encuentra en tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
Iniciativa legal fue analizada por el pleno del máximo tribunal –el viernes 20 de noviembre recién pasado– y remitido a la presidenta de la comisión parlamentaria, Jacqueline van Rysselberghe, el lunes 23 de noviembre.
Oficio, que complementa el primer informe entregado el 18 de junio pasado, entrega la opinión de los ministros de la Corte Suprema, entre otros, respecto de la posibilidad de establecer solo un procedimiento administrativo y no judicial, en temas de identidad de género.
«Tales disposiciones, por su carácter restrictivo en un procedimiento de la jurisdicción no contenciosa, además están en pugna con el artículo 820, el inciso segundo del artículo 824 y el inciso primero del artículo 826, todos del Código de Procedimiento Civil. Es por tales motivos, como por estar radicada fundamentalmente la gestión en la voluntad del o la peticionaria interesada, que el procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud esté referida a menores de edad. De todos modos, se observa necesario hacer presente que esta prohibición habrá de regir única y exclusivamente en la medida que el asunto se mantenga en carácter de no contencioso, no así a partir del momento en que se transforme en contencioso, al que se aplicará el procedimiento conforme a las reglas generales, según lo dispuesto en el artículo 102».
Asimismo, sobre el establecimiento de una nueva causal de disolución del matrimonio por cambio de identidad de género, el informe opina que: «Particularmente en este punto, llaman la atención dos elementos: por un lado al parecer el proyecto de ley consagra una disolución del matrimonio de pleno derecho o contempla una nueva causal de divorcio, como lo sería la existencia de una sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo sobre base del reconocimiento del derecho a la identidad de género, pero el mismo proyecto de ley no se hace cargo de modificar el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, agregando esta causal. Esta circunstancia parece ser una omisión involuntaria, toda vez que el nuevo artículo 15 de la iniciativa establece una modificación al artículo 1792-27 del Código Civil, haciendo referencia al número 5) del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, el cuál no existe. Por otro lado, la disolución del matrimonio requiere que se resuelvan una serie de asuntos patrimoniales y jurídicos relativos, por ejemplo, a los derechos y deberes de los cónyuges entre sí y para con su descendencia, asuntos que tienen fijada por ley una reglamentación procedimental específica y que actualmente son entregados al conocimiento de los tribunales con competencia en materia de familia, de acuerdo a lo establecido en los numerales 8) y 15) de la Ley N° 19.968. En este sentido, si la disolución del vínculo matrimonial es uno de los efectos que se ha querido que tenga la sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo, parece acertado que la competencia para el conocimiento de estos procedimientos quede radicado en los tribunales de familia».
El informe agrega que «procede igualmente tener en consideración en este punto que las personas que han contraído matrimonio no pueden ser afectadas en sus derechos por un acontecimiento posterior en el cual no ha consentido y que puede quedar radicado en la voluntad de uno solo de los cónyuges. Ante la falta de reglamentación en tal sentido, a lo menos resulta indispensable que se otorgue la posibilidad de sustituir el régimen matrimonial por el Acuerdo de Unión Civil actualmente vigente en nuestro país».
Asimismo, con relación a la propuesta de radicar en los juzgados de Familia los procedimientos relativos a los temas de identidad de género, la Corte Suprema sostiene que: «en virtud del cambio en el articulado del proyecto de ley, y a las consecuencias que dichos cambios implican para el sistema judicial, es que parece razonable considerar que el tribunal competente para conocer de la rectificación del nombre y/o sexo en base al reconocimiento del derecho a la identidad de género, sea el tribunal con competencia en materias de familia, habida cuenta de que son estos los tribunales creados especialmente para el conocimiento y fallo de asuntos donde aparecen comprometidos los intereses de niños, niñas y adolescentes, y de aquellos donde se ventilan cuestiones relativas al estado civil de las personas y su modificación».
La Corte Suprema se refiere, además, a la prohibición que tendría el juez para exigir prueba en asuntos relacionados con procedimientos de identidad de géneros.
«Lo primero que podría cuestionarse de lo preceptuado en este artículo es la necesidad de prueba, pues si se logra comprender la diferencia entre género y sexo, no se observan razones para que el juez deba alcanzar su convicción con mayores antecedentes que los que el propio solicitante ha puesto a su disposición. De ningún aspecto se debe convencer el juez, dado que no requiere persuadirlo de la identidad de género de quien acude a él en busca de su pronunciamiento. El propio proyecto entiende por identidad de género en el artículo 2°: «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma…». En tan materia es bastante con la pretensión que formule el solicitante. Se debe advertir que estos cuestionamientos no tienen que ver con la antigua y consabida discusión sobre si los actos judiciales no contenciosos –naturaleza que tiene el procedimiento que establece este proyecto, según su artículo 6°– requieren o no de prueba e, incluso más, deben o no ser conocidos por tribunales de justicia, pues ello ya viene resuelto por el legislador, que estableció un Libro Cuarto en el Código de Procedimiento Civil (CPC), destinado, precisamente, a los actos judiciales no contenciosos y en cuyo contexto se previó que el juez pueda verse en la necesidad de requerir y apreciar prueba (artículos 819 y 820 del CPC). Antes bien, a lo que apuntan estas interrogantes es a otra cosa: el objeto de la prueba («¿qué se prueba?»). Y lo cierto es que la iniciativa legal en comento, en los términos en que se encuentra redactado el inciso segundo del artículo 5°, habilita al tribunal para exigir, de oficio, mayores antecedentes al solicitante, a fin de llevar al juez al convencimiento de –he aquí la paradoja– su «vivencia interna e individual». Llama la atención que el propio proyecto parece «intuir» que la necesidad de pruebas es un contrasentido en pretensiones como estas, pues el mismo artículo 2°, inciso segundo, descarta que elementos como la apariencia, la vestimenta, el modo de hablar, los modales, los tratamientos quirúrgicos, médicos u otros análogos, puedan ser demostrativos de la identidad de género. Pues bien, si tales elementos no deben dar luces de la identidad de género de una persona, pocos medios le van quedando al tribunal para acceder a la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo, que no sea la sola solicitud del interesado. Tal parece, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° inciso segundo, del proyecto de ley que se tuvo conciencia de la particularidad de esta pretensión y, en consecuencia, de la contradicción a la que lo conduce el inciso segundo del artículo 5°».
Finalmente, la Corte Suprema llama la atención de los procedimientos que se realizarán en los casos de niños, niñas y adolescentes que solicitan la rectificación de su nombre y/o sexo, determinando que:
«En particular los niños, niñas y adolescentes que podrían solicitar rectificación de nombre y/o sexo en virtud del presente proyecto de ley, pueden constituir un grupo especialmente susceptible de sufrir privaciones, limitaciones o amenazas de sus derechos humanos. En este sentido junto al procedimiento especial establecido en este proyecto de ley y a las consideraciones del debido proceso que el proyecto contiene con especial acento en el derecho a ser oído, a que se considere su opinión en virtud de su autonomía, a que se asegure su derecho a una nueva rectificación al llegar a la mayoría de edad, y a que se respete el interés superior de niños, niñas y adolescentes, para este Poder del Estado es relevante que en el análisis de este proyecto de ley se discutan las medidas especiales que el Estado puede o debe adoptar a fin de dar efectividad a los derechos humanos y en especial al derecho a la identidad de género, de este grupo en particular. Así lo ha determinado el Comité de Derechos del Niño al señalar a propósito de la obligación de no discriminación contenida en la Convención que la «obligación de no discriminación exige que los Estados identifiquen activamente a los niños y grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales (…) Hay que poner de relieve que la aplicación del principio no discriminatorio de la igualdad de acceso a los derechos no significa que haya que dar un trato idéntico. En una Observación general del Comité de Derechos Humanos se ha subrayado la importancia de tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que llevan a la discriminación» (CRC, ´Observación General N°5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño´ (27 de Noviembre de 2003), Doc ONU CRC/GC/2003/5, párrafo 12)».

(Fuente: poder judicial)

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