Corte Suprema envía a Cámara de Diputados segundo informe sobre proyecto de ley que legaliza cultivo de la marihuana

CorteSupremaChileLa Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputados un segundo informe sobre el proyecto que modifica la ley 20.000, y que busca legalizar el autocultivo de cannabis sativa para el consumo personal y despenalizar cultivo y venta con fines medicinales.

El contenido del proyecto fue analizado por el tribunal pleno de la Corte Suprema del 30 de diciembre pasado, y enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, al día siguiente, con el parecer del máximo tribunal respecto de una serie de indicaciones presentadas por la Presidencia de la República y que refunden mociones presentadas por parlamentarios.

En este sentido, la Corte Suprema al abordar la propuesta de establecer un procedimiento que permita a los fiscales del Ministerio Público intervenir en causas abiertas en los juzgados de policía local, la desestima, por considerar que «constituye un error mantener en el actual inciso octavo de dicho artículo, que pasa con la modificación, a ser sexto, la intervención del fiscal en el procedimiento de policía local, al ordenar que éste con el acuerdo del infractor, podrá solicitar al juez de policía local la suspensión condicional del procedimiento en los términos previstos en el artículo 237 y siguientes del Código Procesal Penal, puesto que si las faltas aludidas dejaron de ser penales y en ellas no se aplica el código aludido, la intervención del fiscal resulta irrelevante en la investigación y sanción de dichas contravenciones, de modo, que como todas las demás faltas y contravenciones que se regulan en la ley N° 18.287, estas se deberán tramitar conforme al procedimiento de dicha ley y por mismo, resulta inconveniente en la misma disposición la aplicación de medidas alternativas propias del sistema penal oral, puesto que salidas de este tipo son consultadas en la aludida ley, como las que se contemplan en los artículos 19 y 20, como son las medidas de apercibimiento y amonestación y el suspenso de la pena que hubiere de aplicar».

Sobre las modificaciones introducidas por la Presidenta de la República al proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados y que fueron presentadas por medio de indicación, el pleno considera que «dicha iniciativa legal fue modificada sustancialmente a través de una indicación propuesta por la señora Presidenta de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y con las firmas de los Ministros del Interior, Justicia y Salud, que en realidad morigera dicha iniciativa y al revés endurece la normativa relacionada con los delitos de tráfico de drogas en cuanto a las reformas propuestas por las mociones parlamentarias, al establecer mayores penas a los delitos que comprometan participación de menores de edad».

El proyecto –continúa– «(…) proponía en todas aquellas normas que eximía de responsabilidad penal sólo tratándose de drogas que estaban destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal, sin embargo la indicación le agrega en todos los casos la palabra «próximo» como requisito de la exención. Solo se concede por el Ejecutivo en eliminar la palabra «exclusivo». Cuestión que obliga al imputado a probar dichas circunstancias, porque se presume que dicho porte es de tráfico si no logra demostrar que es para su uso o consumo personal próximo en el tiempo. El proyecto aprobado por la Cámara contemplaba reglas claras de autorización de tenencia, porte, cultivo y/o consumo de especies del género cannabis, a la que se añade igualmente para la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de «componentes canábicos» destinados a la producción de drogas con fines medicinales, todas eliminadas o reemplazadas por la indicación, basado seguramente en la clarificación en torno a criterio de consumo personal o próximo en el tiempo».

Asimismo, al reanalizar la pérdida de competencias de los juzgados de garantía para entregar facultades a los juzgados de policía local en la materia, la Corte Suprema expone que: «El cambio de competencia no viene precedido de ninguna consideración empírica que lo justifique y aunque alivia la carga de trabajo de los tribunales de garantía, es lo cierto es que de alguna manera inicial puede que antes de establecerse que el hecho constituya una falta igualmente intervenga el ministerio público y los jueces de garantía para determinar luego una incompetencia hacia los tribunales de policía local, todo lo cual haría bastante complejo este cambio de competencia, además de la situación real de colapso que sufren estos tribunales comunales a los que permanentemente se le agregan materias de distintas naturaleza jurídica y por lo heterogéneo que resulta su infraestructura que dependerá de la situación económica de cada Municipalidad. Parece más atendible que dichas faltas sean de aquellas a que se refiere el procedimiento simplificado que permite la actuación de los tribunales de garantía como ocurre en la actualidad. Hay que considerar además, que los fiscales del Ministerio Público institucionalmente no investigan ni actúan en procedimientos de Policía Local, ni tampoco cabe agregar dentro del procedimiento de estos últimos tribunales instituciones de salidas alternativas propias del proceso penal. Por estas consideraciones cree el informante que no parece conveniente alterar la competencia actual en materia de faltas, contenidas en la ley N° 20.000».

Sobre el punto, además, solicita que se considere que «(…) la información que se tiene del SIAGJ, el ingreso de las faltas penales al sistema procesal penal hasta el momento es marginal, ya que ha representado desde el año 2010 a la fecha un 5,9% del total de las causas ingresadas al sistema penal, incluso en 2014 alcanzó sólo a 4,5% y que derivan principalmente de las comunas de Puente Alto, Iquique, Quilicura, Huechuraba, Renca y Conchalí con un mayor ingreso de faltas de la ley de drogas, cuestión que hay que considerar para no desbordar la competencia de los juzgados de policía local».

(Fuente: Poder Judicial)

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