Corte Suprema confirma fallo que condena al Fisco indemnizar por pérdida de documento en Tribunal

CorteSupremaChileLa Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización por más de 76 millones de pesos por la responsabilidad funcionaria en la pérdida de un documento dejado en custodia en un tribunal civil.

En fallo unánime (causa rol 5760-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada Pedro Pierry, Guillermo Silva, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y el abogado (i) Carlos Pizarro– confirmó sentencia dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago el 14 de agosto de 2014, «sólo en cuanto el fisco queda condenado al pago de la indemnización pedida a título de daño emergente», en la sucesión de Augusto Pizarro Barahona.

El grupo familiar tramitaba, durante 2007, el pago de una indemnización provisional por la expropiación de un terreno en Maipú, proceso por el que habían dejado en depósito un cheque por más de 76 millones de pesos en el 17° Juzgado Civil de Santiago, documento que fue retirado por un tercero ajeno al proceso.

El fallo del máximo tribunal confirma la responsabilidad del Estado de Chile por actuaciones negligentes de funcionarios judiciales, quienes actúan en ejercicio de una función pública.

«Que en estas condiciones cabe asentar que, en ausencia de norma legal especial –como sucede en el caso en análisis-, asiste al Estado el deber de reparar los daños ilícitos causados por sus órganos sobre la base de la normativa de responsabilidad extracontractual del Código Civil, lo que incluye a los jueces cuando se ha verificado un «funcionamiento anormal» de la Administración de Justicia, desde que éstos actúan en ejercicio de una función pública.
Por consiguiente, sólo cabe concluir que el Estado no se encuentra exento de responsabilidad por las actuaciones de los integrantes del Poder Judicial y que, por el contrario, concurriendo en la actuación de uno de sus miembros un proceder que pueda ser calificado como falta de servicio, se le ha de condenar, en el supuesto de que concurran las demás exigencias previstas en la ley, al resarcimiento de los perjuicios derivados del mismo», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Esta Corte estima necesario subrayar que, si bien el Código Orgánico de Tribunales se refiere a la responsabilidad de los jueces por delitos funcionarios, señalando que éstos serán personalmente responsables de los daños que se provoquen a terceros, tal circunstancia no obsta a que haya acción en contra del Estado, pudiendo el afectado dirigirse indistintamente en contra del Estado o del funcionario, según lo estime conveniente, si se configura lo que se denomina cúmulo de responsabilidades en relación a la falta personal. Asimismo, y en relación a lo razonado por los jueces de segundo grado en el sentido de que la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial derivada de su actuación en el ejercicio de sus funciones se limita al caso previsto en la letra i) del N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es del caso dejar asentado que en la especie no procede la indemnización por error judicial que prevé dicha norma, desde que ésta supone un sometimiento a proceso o condena que haya sido consecuencia de una sentencia injustificada o errónea, circunstancias que no concurren en autos, puesto que la falta que se atribuye a la actividad judicial se hace consistir en el giro del dinero correspondiente al pago de la indemnización por una expropiación a un tercero ajeno al proceso, por lo que no corresponde a una resolución que someta a proceso ni a un fallo condenatorio».

«Al tenor de la conceptualización expuesta precedentemente y de acuerdo a las circunstancias fácticas que se han tenido por establecidas, resulta evidente que la entrega a un tercero ajeno al proceso del dinero correspondiente a la tantas veces citada indemnización provisional, como consecuencia de actuaciones erróneas o descuidadas de diversos funcionarios del 17° Juzgado Civil de Santiago, quienes dispusieron el giro del cheque respectivo y luego intervinieron en los actos materiales necesarios para concretar dicha orden, reflejan un funcionamiento anormal o irregular del citado órgano y, por extensión, del Poder Judicial, que debe ser calificado como una falta de servicio, proceder negligente que, por consiguiente, hace responsable al Fisco de los perjuicios que del mismo se deriven», concluye.

(Fuente: poder judicial)

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