Corte suprema confirma condenas en arista “remesas” del caso INVERLINK

CorteSupremaChileLa Corte Suprema confirmó resolución dictada por el ministro en visita Carlos Gajardo Galdames, en la arista «Remesas» que indago una serie de irregularidades en el marco del denominado caso Inverlink.
En fallo unánime (causa rol 13157-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmtesch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Jorge Lagos– ratificó la sentencia que condenó a: Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra, Francisco Edwards Braun a penas de 3 años de presidio, y las absoluciones de Orlando Collarte López y Marcelo Díaz Prieto, imputados por infringir el artículo 59 de la Ley Orgánico del Banco Central de Chile.
El fallo del máximo tribunal descarta que la sentencia impugnada se haya adoptado con infracción de ley.
La sentencia confirmatoria sostiene que «(…) de los antecedentes de la causa aparece que los controladores de Inverlink tomaron la decisión de efectuar aumentos de capital en las sociedades Empresas Inverlink S.A. como también Inverlink Capitales S.A. Para habilitar a las sociedades de inversión a entregar los aumentos de capital, sus controladores simulan la contratación de sendos créditos externos con el Pine Bank Corp. de Miami, por un monto de 15 millones de dólares, pero al mismo tiempo le proporcionan a la citada institución bancaria la misma cantidad de dinero en forma previa a los desembolsos de los supuestos créditos externos. De esta manera hay una evidente disconformidad entre la voluntad que declaran los participantes de esta operación, esto es la de obtener créditos externos en la institución bancaria extranjera con la consiguiente obligación de restituirlos en un plazo de cinco años y a una tasa de interés del mercado, con la voluntad real, toda vez que tanto el acreedor externo como las sociedades deudoras que se beneficiarían con los créditos, acordaron previamente que dichas operaciones sólo tenían por objeto aparentar la existencia del otorgamiento de dichos créditos externos frente a las autoridades chilenas y a terceros, con lo que se configura una simulación ilícita consistente en reflejar una realidad que no existe por cuanto el acreedor externo nunca fue tal, dado que su labor de intermediación consistió únicamente en aparentar un crédito para los efectos de que los inculpados pudieran justificar la existencia de esos recursos financieros. Luego las instituciones chilenas ingresaron estos dineros nuevamente al país haciendo una declaración que no se correspondía con la realidad.
De esta manera no hay contrato de crédito externo sino que hay una salida de divisas del país hacia el banco extranjero para luego bajo una modalidad distinta, que no se corresponde con la realidad, reingresarlos».

(Fuente: poder judicial)

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