Disponer modificaciones legales y administrativas en materia de políticas de tierras para comunidades indígenas y crear un fondo para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, es lo que pide la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo por medio de la resolución 722.
La petición, aprobada por 81 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, fue presentada a la Cámara por los diputados Diego Paulsen (RN), René Manuel García (RN), Mario Venegas (DC), Fernando Meza (PRSD), Germán Becker (RN) y Jorge Rathgeb (RN).
Según expresaron los legisladores, la violencia en la Araucanía ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años, con una escala de violencia que evidencia la incapacidad del Estado para proveer seguridad a la población de los sectores rurales.
Por ello, agregaron, el informe final de la Comisión Investigadora sobre violencia en la Araucanía expuso una serie de propuestas que permiten avanzar hacia una posible solución de este conflicto, considerando, de suma urgencia, que el gobierno y los demás órganos del Estado desarrollen las labores necesarias para implementar dichas intensiones.
Por lo anterior, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo ingresar una calificación de urgencia al proyecto de ley que modifica la Ley 19.253, para establecer prohibiciones en relación con la adquisición de tierras y el acceso a los beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas (boletín 10593), actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Corporación.
Adicionalmente, piden disponer la creación de un Fondo de reparación para víctimas de atentados en la región de la Araucanía, así como el establecimiento de un subsidio que les permita asegurar la maquinaria y vehículos utilizados en sus faenas productivas, atendida la falta de oferta o alto costo que enfrentan quienes desean asegurar sus bienes.
Asimismo, llaman a generar mecanismos de financiamiento para el reemprendimiento, como el otorgamiento de créditos blandos para las personas que lo han perdido todo producto de atentados en la zona.
Finalmente, los parlamentarios piden mandatar al Ministerio de Desarrollo Social para que realice un catastro de los títulos de merced que aún no se han subsanado hasta la fecha, en la región de la Araucanía.
(Fuente: cámara)
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