Ley N° 20.898, establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción

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Este jueves 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.898 que “Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción”, cuyos preceptos entraron en vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial. A continuación se reseñan los puntos más relevantes.

Consulte texto completo de la ley Nº 20.898.

La Ley establece, posterior a su publicación, un plazo de tres años para regularizar las edificaciones definitivas y modificaciones realizadas en pequeña propiedad raíz, tanto para efectos de habitación como para comercio.

En efecto, cada uno de sus títulos se refiere a un tipo específico de propiedad contemplado en la ley: el título I se refiere a “Regularización de Viviendas”; el título II a “edificaciones destinadas a Microempresas Inofensivas o Equipamiento Social”; y el título III contempla el caso especial de “Regularización de viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010”.

Requisitos

Para poder acceder al procedimiento simplificado, la ley exige cumplir con los siguientes requisitos:

  • Haber sido construidas antes de la publicación de esta ley.
  • No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
  • No tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo.
  • Cumplir con las normas específicas de edificación que se indican para cada uno de los casos, dirigidas a garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, aplicables también a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas.
  • Tener una superficie edificada:
    • De los títulos I y III: que no exceda de 90 metros cuadrados para sus recintos habitables, incluidos baños y cocina.
    • Que no exceda de 140 metros cuadrados, para sus recintos habitables, incluidos baños y cocina, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 UF, emplazadas en áreas urbanas y rurales, salvo, en este último caso, que las viviendas se hubieren construido en subdivisiones aprobadas conforme al decreto ley N° 3.516, del Ministerio de Agricultura, promulgado y publicado el año 1980.
    • Del título II: inferior o igual a 250 metros cuadrados, tratándose de las microempresas inofensivas, o inferior o igual a 400 metros cuadrados, en el caso de los equipamientos sociales.
  • Para los casos de los títulos I y III: Tener un avalúo fiscal, acreditado con el certificado otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, de hasta 1.000 UF.
  • Para el caso de las viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, se exige adicionalmente:
    • Corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los respectivos SERVIU o proyectos de viviendas tipo aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
    • Estar emplazadas en las zonas de catástrofe declaradas por el decreto supremo N° 150, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2010.
    • Haber sido destinadas a una persona inscrita en el listado de damnificados de esa catástrofe que elaboró el Ministerio del Interior.
    • Haber obtenido el pago del subsidio en base a un certificado del Departamento Técnico del respectivo SERVIU que acredite la ejecución completa de las obras conforme al proyecto aprobado.

Regularización

El procedimiento de regularización exige la presentación, ante la dirección de obras municipales respectiva, de una solicitud de permiso y recepción simultánea (o recepción final en los casos de viviendas con permiso de edificación) en favor del propietario, con una declaración en la que señale ser el titular de la propiedad, junto a un croquis o un plano que describa el emplazamiento según las exigencias de cada título. Se deberá acompañar, además, un informe de arquitecto o profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas para cada caso.

Luego de presentada la solicitud, la ley contempla un plazo para que la dirección de obras respectiva revise el cumplimiento de las normas urbanísticas pertinentes (90 días para las del título I, 180 para las del título II y 30 para las del título III), tras el cual debe otorgar el certificado de regularización, si fuere procedente.

Entrada en vigencia

La ley no establece modalidad de entrada en vigencia, por lo que debe entenderse que su vigencia corre desde el momento de su publicación. Su duración depende del caso al que se aplique: tanto el artículo 1 como el artículo 3 (título I y II respectivamente) establecen un “plazo de tres años contado desde la publicación de esta ley”, mientras que el artículo 9 (es decir, el título III) establece un “plazo de dos años contado desde la publicación”.

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