Corte Suprema admite la responsabilidad mediambiental por omisión culposa de la Municipalidad en caso de Quebrada de Huallalolén

Quebrada medioambiente dañoEl pasado 5 de Enero la tercera sala del máximo tribunal del país acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco en causa de reparación del daño ambiental contra la sentencia de apelación que rechazaba la responsabilidad de la Municipalidad por permitir el loteo ilegal en una zona de protección ambiental.

El sector de la Quebrada de Huallalolén se encuentra establecida un área de preservación ecológica y, en consecuencia, sujeta a un régimen jurídico de protección especial, por lo cual está regido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, vigente desde el año 1994 y a su Ordenanza. Sin embargo, los propietarios de las parcelas 41 y 42 de la zona subdividieron sus terrenos, adquiriendo derechos proporcionales en los mismos entre los años 1997 y 2005, participando en subdivisiones ilegales. Posteriormente, se condenó a estos propietarios y a otros por construir precisamente en el área de preservación ecológica, denominada «Quebrada de Huallalolen N° 20.415» de Lo Barnechea, infringiendo con ello el instrumento de planificación territorial, es decir, el Plan Regulador Metropolitano.

Según el tribunal, la conducta de la Municipalidad de Lo Barnechea resultó omisiva en relación al control que, como tal, le correspondía realizar respecto a la protección del medio ambiente. Si bien se advierte que la Municipalidad efectuó inspecciones, citaciones y denuncias, de la observación de las mismas aparece de manifiesto que su intención habría sido dar un cumplimiento meramente formal y subsecuente al daño detectado a las obligaciones legales que sobre ella pesaban, puesto que en ninguna de sus actividades se advierte al menos un celo mediano en la realización de las mismas. Tampoco fue su actividad oportuna, diligente ni exhaustiva, pues según el tribunal:

«[…] de haber puesto más vigilancia la I. Municipalidad de Lo Barnechea en el sector de que se trata y de haberse reaccionado con mayor decisión frente a las irrupciones de los demandados que actuaban en él, para efectuar construcciones, caminos, taludes, etc., se habrían podido proteger las especies de la flora y fauna del sector, cursos de aguas, etc. En efecto, con una acción más diligente del municipio, como es la inspección periódica de la quebrada de autos, el grave daño ambiental denunciado en la demanda se habría evitado, pues, se habría así actuado preventivamente, frente a las primeras denuncias de afectación al medio ambiente.»

Profundizando aun más, el tribunal menciona que pese a contar con los medios legales pertinentes, se limitó a remitir la primera información sin que exista constancia alguna de haber perseverado en la fiscalización para lograr la paralización de las construcciones.

Es por esto que el tribunal concluye que

“La Municipalidad de Lo Barnechea actuó sin el cuidado, precaución y vigilancia que una institución prudente emplea ordinariamente en sus negocios propios y no adoptó las medidas conducentes a impedir de una manera efectiva las acciones ya descritas, por lo que parece razonable y ajustado a Derecho, imputarle el daño provocado al medio ambiente. Como ya se ha dicho, con una conducta vigilante de esta demandada, que estaba en su posibilidad ejecutar, es perfectamente esperable que el daño ambiental del sector no se hubiera generado.”

En este sentido, los jueces del grado incurren en errores de derecho, al no estimar apropiadamente la norma del artículo 52 de la Ley Nº 19.300 que establece una presunción en contra de la Municipalidad y los demás demandados en la causa, que puede darse tanto por incumplimiento normativo como por falta de diligencia. Citando al profesor Enrique Barros,

«La responsabilidad civil que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos diferentes: en primer lugar, en razón de la infracción de normas legales o reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; en segundo lugar, aunque la empresa no haya infringido norma legal o reglamentaria alguna, responderá si no ha empleado el debido cuidado, determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces» (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, página 801).

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