Corte Suprema acoge la solicitud de desafuero contra el senador Jaime Orpis

Pleno Corte SupremaLa Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el senador Jaime Orpis, dándose a lugar la causa penal por los delitos de realizados en su función de parlamentario.

La resolución establece que concurren los requisitos exigidos para dar lugar a la formación de causa respecto del parlamentario aforados, los cuales son:  a) que exista un hecho o hechos  que presenten caracteres de delito; y b) que aparezcan fundadas sospechas para reputar a un individuo de autor, cómplice o encubridor. Consulte fallo de la Corte Suprema analizado por Microjuris.

El pasado jueves 10 de marzo, la Corte Suprema en pleno acogió la solicitud de desafuero en contra del senador por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario. La solicitud de desafuero en el actual estado de la investigación se realiza a efectos que se autorice al Ministerio Público para solicitar medidas cautelares personales, por debatir en su oportunidad procesal ante el Tribunal de Garantía competente, en la audiencia que se deberá solicitar para formalizar la investigación en contra del senador imputado.

El tribunal en pleno declaró su procedencia, pues se da la existencia de un hecho o hechos que presenten caracteres de delito; y a la vez, existen fundadas sospechas para reputar a un individuo de autor, cómplice o encubridor. Esto aun más, si la defensa del senador imputado -que en su oportunidad procesal nada alegó acerca de la improcedencia de la acción de desafuero por los delitos que se le imputaron- ante estrados reconoció y aceptó la petición planteada respecto de los delitos de fraude al fisco y fraude tributario.

La corte, refiriendo a jurisprudencia previa del mismo tribunal, recuerda también que la mera condición de ser procedente el desafuero no implica que se pueda reclamar -por muy importante que sea- la demostración plena de una determinada tipicidad o participación; y mucho menos, de culpabilidad. Por ello, es improcedente en una etapa preliminar de la investigación exigir la prueba destinada a acreditar de modo definitivo el delito y la participación del imputado, no extendiendo la resolución de la corte a la existencia cabal del delito, su naturaleza, penalidad, eventual responsabilidad como autor o cómplice, u otros elementos o caracteres de aquél.

Si bien el fallo es unánime respecto a los delitos que -como se mencionó anteriormente- fueron reconocidos ante estrados, hubo disidencia respecto al delito de lavado de dineros y al de cohecho.

Respecto del lavado de dineros, la objeción consistió en observar el concurso de delitos que se produce con el cohecho. Al respecto, el voto disidente dice:

En efecto, se esta en presencia de un concurso aparente de leyes penales entre aquella disposición que sanciona un hecho [cohecho] y la norma que castiga una conducta inmediatamente posterior e inherente a aquél [lavado de dineros], destinada a receptar, ocultando las procedencias ilícitas del crimen, que debe ser resuelto conforme al criterio de consunción, puesto que no es posible aplicar los dos tipos legales a lo que se considera una acción única, en cuanto el dolo es el mismo, sin que ello suponga una vulneración a la garantía constitucional de non bis in ídem

Corrobora, además, la conclusión anterior […] la sola consideración de que en todo ilícito de enriquecimiento patrimonial es dable suponer que el autor lucrará con los bienes y los introducirá en el mercado, por lo que no tiene sentido aplicar al delincuente otra pena por «lavar el botín», toda vez que esta circunstancia que se presenta como una maniobra con unidad de propósito, está ya prevista en la pena correspondiente al hecho previo.

En relación al delito de cohecho, los disidentes comentan que los antecedentes presentados por el Ministerio Público no permiten concluir que el congresal haya incurrido en determinado acto o en alguna omisión concertada en el ejercicio de las funciones y deberes de su cargo con la empresa, que constituyan incumplimiento de las funciones y los deberes propias de su cargo según las hipótesis de los artículos 248 y 248 bis del Código Penal. Para establecer esto,

[…] de la descripción típica de esos delitos debe excluirse toda ampliación de punibilidad determinada legalmente en ellos, en consecuencia, además por ello no es típica la conducta del senador Orpis el haber omitido comunicar formalmente al Senado su relación con Corpesca S.A.; ni el haber dirigido oficio la Contraloría General de la República, en relación a la interpretación de normas legales aplicables a la empresa Corpesca S.A.; enseguida, en cuanto la intervención del senador Orpis de haber votado leyes aplicables a dicha empresa, de tal conducta parlamentaria no se desprenden antecedentes suficientes para colegir -aún por vía de presunciones- que hubo de parte del senador Orpis una oferta determinada a cambio del aporte económico que admita la calificación de una solicitud o aceptación del soborno, acto malicioso propio del incumplimiento de los deberes del cargo con favorecimiento para dicha empresa, tal como en forma precisa lo requieren las disposiciones penales antes analizadas que exigen dolo directo en el aspecto subjetivo del tipo.

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