Presentan propuesta para fijar un nuevo procedimiento para la tramitación de los recursos de protección

Camara-Diputados-ChileEn una perspectiva orientada a simplificar y atender determinadas problemáticas detectadas en torno a los recursos de protección, se ingresó a trámite legislativo, el pasado miércoles 2 de marzo, una moción que establece un procedimiento para la tramitación de esta acción judicial. El proyecto fue derivado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio.

El autor de la moción comentó que la actual regulación resulta problemática, a la luz de la reserva legal de los derechos fundamentales y el incremento de los ingresos de estos recurso, donde presentan una mención especial los casos de impugnación a los cambios de planes y de montos en las cotizaciones que realizan las isapres.

Tomando en consideración estos y otros aspectos relativos a los recursos de protección, el diputado Zaldívar propuso un procedimiento definido por la vía legal que busca cumplir con todas las exigencias y que pretende simplificar el ejercicio de la tutela de los derechos fundamentales, restringiendo de paso los formalismos innecesarios, como la declaración de inadmisibilidad, que por no cumplir con los principios formativos del procedimiento, atentan con la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso.

Detalles de la propuesta

La moción define, en primer lugar, que la acción de protección será procedente contra actos u omisiones arbitrarios o ilegales por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política. El afectado podrá recurrir (personalmente o bajo representación, incluidas en este caso las asociaciones o agrupaciones sin personalidad jurídica) a la corte de apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La iniciativa también indica que la acción de protección se interpondrá ante la corte de apelaciones en cuya jurisdicción se hubiese cometido el acto u omisión arbitraria o ilegal, dentro del plazo de los seis meses siguientes a acontecidos los hechos.

El proyecto señala luego que el recurso se presentará por escrito, en papel simple, por telégrafo, télex, fax, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo. En casos graves y urgentes, la denuncia podrá ser deducida verbalmente, debiendo el ministro de fe del tribunal levantar un acta.

Deducida la acción, el tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si señala un derecho que sea protegido por esta vía procesal. Si no se hubiese dado cumplimiento a estos requisitos, lo declarará inadmisible por resolución fundada, la que será susceptible de reposición ante el mismo tribunal dentro de los tres días siguientes.

Acogido a tramitación el recurso, precisa la moción, la corte de apelaciones ordenará que informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, la persona o personas, funcionarios o autoridad que según la acción o en concepto del tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal. El plazo perentorio para emitir el informe será de cinco días.

La moción define, asimismo, que el tribunal, cuando lo juzgue conveniente para los fines cautelares de la acción, podrá decretar orden de no innovar. Se entenderá especialmente necesaria la dictación de tal medida en los casos de las garantías a que se refieren al derecho a la vida e integridad física o psíquica de la persona.

En la misma línea, se indica que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.

La sentencia se notificará personalmente mediante la forma de notificación que señalen los intervinientes o por el estado a la persona que hubiese deducido el recurso y a los recurridos que se hubiesen hecho parte en él.

Luego, se indica que la apelación se interpondrá dentro del término fatal de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso, y deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen al tribunal. Si la apelación se interpone fuera de plazo, o no es fundada, o no contiene peticiones concretas, el tribunal la declarará inadmisible.

Finalmente, entre otros variados aspectos, el texto avanza en los procedimientos al interior de las cortes (oír a las partes, solicitud de antecedentes, notificaciones, suspensión de la vista de las causas, etc.), incluyendo en este cuadro el tema de los fallos y el período perentorio para realizarlo.

El proyecto fue derivado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10553.

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