Aprueban control preventivo de identidad y despachan agenda corta antidelincuencia

juez justicia penal garantíaCon la aprobación, con 20 votos a favor y 14 en contra de la norma que establece el control preventivo de identidad, la Sala del Senado terminó la discusión del proyecto de agenda corta antidelincuencia y despachó la iniciativa a cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados. En total fueron cinco las sesiones de Sala que se destinaron para debatir la iniciativa que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Si bien el proyecto contiene una serie de disposiciones, el debate de la jornada pasada estuvo marcado por la controversia que genera la disposición sobre control preventivo de identidad, que es considerada por algunos como una suerte de detención por sospecha, y también por la discusión de la norma sobre filtraciones en las investigaciones.

En lo fundamental, el proyecto establece que los funcionarios policiales podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.

Asimismo, se señala que los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla. Se precisa que este procedimiento no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.

FILTRACIONES

Además, con 29 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala aprobó la norma propuesta por la Comisión de Constitución para precisar quiénes son sujetos de sanción cuando se produzcan filtraciones en las investigaciones judiciales en proceso. Cabe recordar que la norma anterior había generado suspicacia en diversos sectores, que estimaban que la disposición podría atentar contra la libertad de información, razón por la cual se optó por precisar a quienes afecta.

De este modo, la norma aprobada señala que «los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso. Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días)».

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Otra de las normas aprobada con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, dice relación con precisar que en los delitos más graves los condenados podrán acceder a los beneficios de libertad condicional una vez cumplidos al menos 2/3 de sus penas, además de otros requisitos. Por regla general, para acceder a la libertad condicional se requiere que el condenado haya cumplido al menos el 50% de la pena.

Si bien se estimaba que implícitamente se consideraba el robo de cajeros automáticos dentro de los delitos más graves, se excluyó de esa disposición por estimar que se trata de un ilícito que afecta a un lugar privado donde el dinero además está asegurado.

BANCO DE DATOS Y RAZONES HUMANITARIAS

Asimismo, se aprobó en forma unánime una indicación trabajada en conjunto por el senador Juan Antonio Coloma y el Ministerio de Justicia, que buscaba precisar la forma en que los distintos organismos entregan información al Banco Unificado de Datos. De acuerdo a la norma establecida, la forma en que se incorporaban dichos organismos era a través de un decreto supremo, pero se estableció que en los organismos con autonomía constitucional ello debía hacerse con una ley y no a través de un reglamento.

También por unanimidad, la Sala acordó rechazar las normas que tenían que ver con la aplicación de medidas humanitarias para los adultos mayores. Ello porque se estimó la necesidad de estudiar estas materias en una legislación aparte dado que tal como fue redactada la norma en la Cámara de Diputados presentaba algunos vacíos.

(Fuente: Senado)

Consulte la tramitación del proyecto de ley, Boletín Nº 9885-07.

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