Contraloría establece criterio de «confianza legítima» en renovación de contrata en servicios públicos

Contraloría General de la RepublicaUna sustantiva modificación en la jurisprudencia existente hasta la fecha en materia de renovación de contratas en la Administración Pública estableció la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 22766, de 24 de marzo de 2016.

Este pronunciamiento jurídico establece que si la Administración a través de sus actuaciones ha renovado una contrata de manera recurrente, ello genera en el funcionario público la confianza legítima de que ello se repita en lo sucesivo, al ser el comportamiento habitual del servicio.

En este dictamen se aplica a esta materia el principio de la protección de la “confianza legítima”, que se traduce en la expectativa y creencia de que no se cambiará una práctica reiterada por parte de la Administración, dado que se genera la convicción de que se seguirá actuando de manera similar.

Señala también que en caso que una autoridad administrativa, conforme a sus facultades, decida no renovar una contrata, debe hacerlo por una razón fundada y para ello tiene que emitir un acto administrativo que explique los fundamentos de tal decisión. Así, se fortalece la estabilidad en el empleo público, pero al mismo tiempo se refuerza la relevancia de considerar la eficiencia y el buen desempeño de los funcionarios, pues de lo contrario la respectiva jefatura tendrá fundamentos para la no renovación.

En el pronunciamiento jurídico, y en base al principio de realidad, la Contraloría considera que es frecuente que las contratas se renueven sucesivamente por largo tiempo en la Administración Pública.

El señalado dictamen, que responde a presentaciones de dos funcionarios municipales afectados por la no renovación de su contrata (luego de 15 y 4 años de renovaciones sucesivas), reconsidera el criterio contenido en los dictámenes N°s 19.385, de 2001; 58.781, de 2010; 68.642, de 2011; 38.825, de 2012; y 48.889, de 2012, así como toda la jurisprudencia en contrario del criterio planteado en el pronunciamiento de la CGR.

Esta Institución precisa, además, que, en virtud del dictamen N° 65.125, de 2009, entre otros, “al producirse necesariamente un cambio de jurisprudencia, en resguardo del principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio sólo genera efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento”.

Atendida la diversidad de situaciones en que puede resultar aplicable este criterio, la CGR se encuentra trabajando en un instructivo que precise el alcance del mismo y la forma en que deberá materializar el término de una contrata.

Término anticipado de contrata

En otro dictamen relativo a materias de personal, el N° 23518, del 29 de marzo de 2016, la Contraloría reconoce la atribución de la autoridad administrativa para poner término anticipado a una contratación, cuando ha sido dispuesta con la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. Sin embargo, en base a la normativa que impone el deber de fundamentar los actos administrativos, concluye que para que tal decisión sea legítima y no arbitraria es menester que en el acto se expliciten las razones que fundamentan esa medida.

Ello permite que el funcionario afectado conozca las razones de tal decisión, fomenta el control del contenido del acto e impide que la determinación se adopte de manera arbitraria o discriminatoria.

(Fuente: Contraloría)

Consulte los dictámenes de Contraloría Nº 22766 y 23518.

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