Cámara inició análisis de proyecto que fortalece la regionalización

Mapa-Chile-regiones-v2Con informes de la Comisión de Gobierno Interior, y de la Comisión de Hacienda, se inició este martes el debate del proyecto de ley, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional (ya fue aprobada por el Senado), y propone introducir en la Ley 19.175, un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado.

El texto legal ingresó a tramitación al Senado en octubre de 2011, y fue despachado de esa rama del Legislativo en enero de 2014. Durante su tramitación en la Cámara de Diputados, el gobierno envió una indicación sustitutiva.

El objetivo del proyecto es reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración central; precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional y las del intendente; agregar funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; y regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.

Indicaciones

El texto legal ya había sido analizado en la Sala de la Cámara, y devuelto a comisiones, donde se le agregaron algunas indicaciones. Entre estas se encuentra el carácter vinculante de la definición de las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento; se modifican las condiciones de desarrollo de las infraestructuras y actividades productivas; y se establece expresamente que el instrumento deberá reconocer las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, por su valor ambiental, natural o cultural.

Además, se agrega el criterio de no retroactividad de las condiciones definidas en los planes regionales de ordenamiento territorial y se incorpora un artículo que organiza las competencias compartidas y/o concurrentes en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural y establece su necesaria coherencia y concordancia en su ejecución.

También se deja expresamente establecido que es el intendente, en su calidad de ejecutivo del gobierno regional, el que propone al consejo regional su presupuesto; y se incorpora como requisito para ser administrador regional, que el funcionario este en posesión de un título profesional de a lo menos ocho semestres.

Respecto de las modificaciones referidas a las áreas metropolitanas, se mantiene el nombre de gobierno regional a todo evento, con área metropolitana o sin ella; se mantiene la definición de área metropolitana referida a las conurbaciones de más de 250 mil habitantes; y se incorpora al Ministerio de Hacienda en la definición del reglamento que configure los estándares mínimos para la conformación del área metropolitana.

El rol asesor del comité de alcaldes se cambia por el de un órgano consultivo, dado su carácter político, y se establece que este órgano será presidido por el intendente. Además, se agrega una obligatoriedad para su convocatoria de a lo menos dos veces al año, con un quórum para los acuerdos. Un reglamento del gobierno regional deberá regular la convocatoria y funcionamiento.

Otra indicación aprobada establece la existencia de un departamento de áreas metropolitanas que, entre sus funciones, tendrá la coordinación de la interacción del gobierno regional con otros órganos de la administración; actuará como secretaría ejecutiva del comité de alcaldes; y se encargará de la coordinación de los planes de dicha área.

Además, se define que el intendente propondrá al consejo regional, para su consideración y previa consulta al comité de alcaldes, los planes de transporte urbano metropolitano, el sentido de tránsito vehicular en vías urbanas definidas como intercomunales; el plan regulador metropolitano o intercomunal; el plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público; y la operación directa de recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios.

También se incluye una excepción respecto de la regla general en la gestión de los residuos domiciliarios, que corresponde a los municipios:

  1. Los municipios podrán transferir a los gobiernos regionales, previo acuerdo, la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. En esa condición deberá transferir los recursos al gobierno regional.
  2. Cuando no exista acuerdo entre las municipalidades del área metropolitana para asumir en conjunto la disposición final de los residuos domiciliarios, en este caso, el gobierno regional podrá asumir la tarea, debiendo los municipios transferir los recursos al gobierno regional en forma proporcional (de los derechos de aseo).

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 7963.

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