Corte Suprema remite al Senado informe sobre proyecto de ley que repone facultades al Servicio Electoral

logo_servelLa Corte Suprema remitió al Senado informe sobre el proyecto de ley que repone facultades al Servicio Electoral (Servel) para sancionar las infracciones o incumplimientos a la normativa que regula la propaganda electoral, restando dicha competencia a los juzgados de policía local.

Iniciativa legal fue analizada y discutida por el pleno del máximo tribunal el recién pasado viernes 3 de junio, y enviada al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, ayer, lunes 6 de junio. La Corte Suprema consideró apropiado que dicha facultad sea competencia del Servel.

«Al respecto, se comparte el propósito de esta modificación legal, que sustrae de la competencia de los Juzgados de Policía Local, la competencia para conocer de los procedimientos sancionatorios por infracción a las normas que regulan la propaganda y publicidad electoral, traspasándola al Servicio Electoral, por ser coherente con el rol de este Servicio y las nuevas atribuciones ya aprobadas y vigentes, contenidas en la ley N° 18.556, y el artículo 94 bis de la Constitución, introducidas por la referida Ley N°20.900 y la Ley N°20.860, respectivamente.
Conforme a la Ley N° 18.556, corresponde a este Servicio «formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos que correspondan por incumplimientos o infracciones a la normativa sobre votaciones populares y escrutinios» (art. 70 A), en particular, las normas previstas en el párrafo 6° del Título I de la misma ley (art. 70 B). Según el artículo 94 bis de la Constitución, el Servicio Electoral «ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional», sostiene el informe.

Oficio que agrega: «Por contrapartida a la especialidad del Servicio Electoral, tendría que ponderarse también el mayor acceso que ofrecen actualmente los Juzgados de Policía Local, con presencia a nivel comunal, especialmente en materias vinculadas al cumplimiento de la normativa de espacios autorizados para realizar propaganda electoral (art. 126 en relación con el art. 32 de la Ley N°18.700). Sin embargo, también es efectivo que en estos casos la ley otorga facilidades para realizar la denuncia, como es el espacio en su sitio web que el Servicio Electoral debe disponer para recibirlas (art. 126 inc. 3°)»

«Si se compara –continúa– la norma vigente (con la modificación hecha por la Ley N° 20.900) y aquella que se propone por el proyecto de ley, se amplía la competencia del Servicio Electoral para conocer y sancionar las infracciones a la Ley N°18.603, pasando a conocer de todas las infracciones suscitadas por «la inobservancia de esta ley» y no sólo de «las sanciones de multa a que se refieren los artículos 50 y 51 y, en general, las que correspondan a la inobservancia del título V de esta ley» (Del financiamiento de los partidos políticos). Con todo, tal como aconteció con la Ley N°20.900, se excluyen de la competencia del Servicio Electoral aquellas sanciones que consistan en la suspensión o disolución del partido o la inhabilidad para ocupar cargos directivos de un partido político, las que serán conocidas en primera instancia por un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, y en segunda instancia, por el mismo tribunal con exclusión de aquel miembro. Sin embargo, en este proyecto, a diferencia de la Ley N°20.900, se incluye expresamente la sanción de comiso a este régimen especial de competencia a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones».

Asimismo, agrega: «Si se considera adecuado extender la competencia del Servicio Electoral, en este caso, respecto de las infracciones a la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, al ser consistente con el rol y las nuevas atribuciones, constitucionales y legales, conferidas al Servicio Electoral, que ha «de formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos sancionatorios que correspondan por los incumplimientos o infracciones a la normativa sobre partidos políticos» (Art. 70 C de la Ley 18.556) y «fiscalizar» el cumplimiento de estas normas (Art. 94 bis de la Constitución); Sin embargo, resulta llamativo que el nuevo inciso segundo del artículo 56, que se propone, disponga que: «cuando la sanción aplicable corresponda al comiso, suspensión o disolución del partido o inhabilidad para ocupar cargos directivos de un partido político, conocerá de las causas en primera instancia, a requerimiento del Director del Servicio Electoral, un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones que, en cada caso, se designará por sorteo».

Ver informe aquí.

(Fuente: Poder judicial)

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