Corte Suprema envía al Senado informes sobre proyectos que modifican Ley de Violencia Intrafamiliar

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema el 27 de julio pasado, evacuó sendos informes sobre dos proyectos de ley iniciados por moción, que modifican la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar.

Sobre el primer proyecto legal, analizado en la sesión del pasado 1 de julio, se remitió informe respecto de la moción presentada por las senadoras Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz y Lily Pérez, que busca cambiar aspectos de la norma legal para incorporar sanciones a casos de violencia contra las mujeres ajenos al ámbito doméstico.

Al respecto, los ministros Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Héctor Carreño, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y Carlos Cerda opinan que “(…) aparece coherente con uno de los fundamentos esgrimidos por las autoras del proyecto, como es destacar que la actual regulación aborda el problema de la violencia contra las mujeres sólo en el ámbito de lo doméstico, limitándolo a las relaciones de pareja donde ha mediado convivencia o un vínculo familiar, lo que se buscaría superar con el artículo en consulta que superaría ese ámbito limitado, estableciendo una protección integral de la mujer respecto de toda violencia, por lo que fueron del parecer de informarlo favorablemente”.

Asimismo, los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Alfredo Pfeiffer (suplente), comparten la opinión pero, además, advierten que “(…) la elevación de la pena que propone el inciso tercero del artículo en análisis, en el caso de quebrantamiento por el ofensor de cualquiera de las medidas impuestas, llevaría el marco legal a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 3 años y 1 día a 10 años, lo que resulta desproporcionado y carente de racionalidad, por lo que sólo les cabe manifestar una opinión desfavorable a dicho apartado”.

Además, los ministros sostiene que “(…) limitar la propuesta, al caso en que la situación de riesgo afecte a una mujer, sin introducir otras modificaciones a la ley, no podrá tener el efecto buscado, entendiendo en una interpretación sistemática que el ámbito de aplicación de la Ley N° 20.066 es la violencia intrafamiliar, en los términos amplios descritos en su artículo 5° y no otro. Un marco general y amplio de prevención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer es un objetivo positivo y deseable, pero para lograrlo efectivamente y sin afectar la coherencia de la legislación existente debiera regularse detalladamente en un cuerpo legal propio que supere las deficiencias de la Ley de VIF”.

En tanto, sobre la determinación de la pena en los casos que propone el proyecto, la Corte Suprema opina, tal como ocurre con la denominada Ley Emilia, resultaría “pertinente reproducir lo que esta Corte ya ha expresado al conocer de otros proyectos de ley que limitan las facultades de los jueces en cuanto a la cuantificación de la pena, como es que se contraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que el autor de un delito mucho más grave, como p. ej., un homicidio, podrá obtener una rebaja de la pena legalmente establecida, merced al juego de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Así, entonces, la propuesta implica el cercenamiento de las atribuciones concedidas a los jueces penales por los artículos 65 y siguientes del estatuto punitivo, sobre todo en cuanto permiten graduar la magnitud de la sanción aplicable, tomando en cuenta, amén de otros factores, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en particular las que autorizan a rebajar la pena prevista en la ley desde el mínimo de ella”.

“La determinación legal de la pena –continúa– es un proceso en que interviene el Poder Legislativo, mediante formulaciones de la política criminal del Estado, precisando legalmente la sanción que se impondrá a quien ha intervenido en un delito. La individualización judicial de la pena, en cambio, consiste en “la fijación por el juez de las consecuencias jurídicas de un delito, según la clase, gravedad y forma de ejecución de aquellos, escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente, y constituye, junto a la apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurídico-penal a los hechos probados, la tercera función autónoma del juez penal y representa la cúspide de su actividad resolutoria.” (Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, pp. 489-490). Por tanto, la exclusión de la aplicación de los arts. 65 y sgtes. del Código Penal introduce un impedimento serio al ejercicio de una función autónoma del juez penal y pone en entredicho la cúspide de su actividad resolutoria, cual es la individualización judicial de la pena. (Informe de la Corte Suprema respecto del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, Boletín 9885-07, informe elevado mediante Oficio 23-2015, de 5 de marzo de ese año)”.

Sobre el cumplimiento efectivo de un año de prisión, el máximo tribunal sostiene que: “La agregación de este requisito nuevo –cumplimiento efectivo de un año de la condena a prisión– resulta incompatible con la naturaleza y fines de las penas sustitutivas, que precisamente están orientadas a evitar los males conocidos y consecuencias insatisfactorias de las sanciones privativas de libertad de corta duración, no idóneas para obtener los fines de rehabilitación del penado. (Informe citado de la Corte Suprema). Además de lo expresado, la exigencia que se busca introducir, implica un trato diferente y discriminatorio –más riguroso– para los responsables de que se trata, en comparación con otros condenados, que no necesitarán cumplir con ella. En definitiva, habría una infracción a la garantía de igualdad ante la ley. (Informe citado de la Corte Suprema)”.

Cambios suspensión condicional
El segundo informe, analizado el 8 de julio, se refiere a la moción que busca limitar la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento en casos de violencia intrafamiliar.

El máximo tribunal sobre esta iniciativa legal opina que: “Teniendo en consideración que la solicitud de suspensión condicional del procedimiento se basa en la existencia de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y el imputado, quienes presentan una solicitud al juez de garantía para que la decrete, proponiendo las condiciones que deberá cumplir el imputado y sin perjuicio de que el juez pueda determinar cualquiera de las enumeradas en el artículo 238 del Código Procesal Penal, se estima que la obligación de aportar la información previa para su determinación debiera ir dirigida, más bien, al órgano persecutor que al juzgador. Por lo anterior, si bien la propuesta no merece mayores observaciones al no alterar ni modificar las facultades o atribuciones de los juzgados de garantía, parece innecesaria frente a las atribuciones de que están investidos los jueces que intervienen en estos asuntos”.

“Cabe, asimismo –agrega–, preguntarse qué efectos podría tener para los fines buscados con el proyecto de ley y para el instituto de la suspensión condicional una eventual demora en la aprobación del acuerdo, producto de la tardanza en la confección de los informes necesarios, en circunstancias que la Fiscalía estimara en un caso concreto que las condiciones que mejor asegurarán a la víctima –evitando, además, la reincidencia del imputado– son las que ha propuesto, conforme a la normativa vigente. Por tanto, se considera necesario un análisis práctico más detenido sobre estos posibles efectos, de cara a que, en una situación como esa, podría aumentarse el riesgo para la víctima que se busca proteger”.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte los informes sobre Ampliación de sanciones y Supensión condicional.

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