Gaspar Rivas desaforado por el delito de injurias graves: “Bastan sus expresiones, por sí desdorosas, para entender que se cumplen las exigencias del Código Procesal Penal”

gaspar-rivasLa Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero interpuesta por el empresario Andrónico Luksic en contra del diputado por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social, del previsto y sancionado en los artículos 416, 417 N° 5 y 418 del Código Penal.

La resolución establece que los dichos públicos del diputado cumplen con los requisitos de tratarse de antecedentes que justifiquen la existencia del delito y permiten presumir que ha tenido participación como autor de ellos. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado Martes 2 de Agosto la Corte Suprema en pleno resolvió unánimente acoger el desafuero, considerando que en el proceso de privar de su fuero a un parlamentario –lo que no importa decidir sobre el fondo del asunto–, el nivel de estándar que se debe emplear para ello es el que la ley requiere para la aplicación de medidas cautelares, esto es, el que entrega el artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras a) y b): que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.

Según la resolución, las expresiones dadas por el diputado a los medios de prensa cumplen sobradamente estas exigencias. Los dichos del diputado manifestados en medios de comunicación social, son expresiones que podrían ser consideradas injuriosas, al usar expresiones como «delincuente» e «hijo de puta», afectando ciertamente el honor del empresario–que constituye un bien jurídico protegido por el derecho– y que el derecho penal custodia elevando a la categoría de delito las expresiones proferidas o las acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

La defensa del diputado argumenta que sus dichos están protegidos por el derecho a expresarse libremente. Sin embargo, el máximo tribunal estima que ello no es así.

Para ello, refiere el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución, que señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, «sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…». El ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar; se pueden emitir opiniones sin que el Estado las censure previamente, mas proferidas las expresiones que constituyen esas opiniones, su autor, en su caso, debe responder en la forma indicada en el precepto constitucional.

También arguye que las expresiones emitidas están cubiertas por el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo dicho privilegio –consagrado en el artículo 61 de la Carta Fundamental– sólo se refiere a las opiniones que los parlamentarios manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. En el caso, los dichos no fueron vertidos en sesiones de sala o de comisión, sino en medios de comunicación social, por lo que la inviolabilidad no sería aplicable.

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