Corte Suprema acoge recurso de nulidad en caso de narcotráfico por infracciones a las normas de uso de agente revelador

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió recurso de nulidad e invalidó sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, que condenó a cuatro acusados por el delito de tráfico de estupefacientes, ilícito que habrían perpetrado en 2015, en la ciudad de Constitución.

En fallo unánime (causa rol 35555-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– anuló la sentencia recurrida y ordenó un nuevo juicio oral en contra de Luis Flores Rodríguez, Mónica Acevedo Sepúlveda, Juan Carlos Ortega Sanhueza y Johanna Rubilar Jaramillo, por existir infracción de ley al no registrarse debidamente las diligencias realizadas por un agente revelador.

“Las formalidades previstas en la ley para la diligencia de agente revelador están dadas, primero, por la correspondiente autorización del Ministerio Público exigida por el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 20.000 y, segundo, por el registro de dicha autorización requerida por el artículo 227 del Código Procesal Penal (…) En el caso de la autorización para la actuación de agente revelador, dada la relevancia y efectos de ésta en el proceso ya comentados, su registro por parte del propio fiscal que otorgó dicha autorización, no puede ser suplido por los registros o dichos de los propios funcionarios policiales -sin perjuicio del deber de éstos de registrar la concesión de la autorización-, pues ello importaría dar por acreditada la circunstancia eximente de una eventual responsabilidad penal, y en lo que aquí interesa la licitud de la prueba obtenida, en base a los elementos aportados por los mismos funcionarios que pretenden ampararse en dicha eximente o que alegan la licitud de los elementos de prueba por ellos recabados, menos aún si, como ocurre en el caso sub judice, el fiscal a cargo de esa investigación y que habría concedido la autorización ha mantenido silencio al respecto, sin que hasta el día de hoy haya practicado o registrado esa autorización, demostrando que la diligencia contó con su permiso. En relación a esto último, esta Corte antes ha declarado que “resulta lógico que si la defensa del imputado  sustenta su impugnación en la inexistencia de la respectiva autorización, corresponde que el órgano que dispone del registro de aquélla -Ministerio Público- proceda a su exhibición o incorporación, porque es quien se encuentra en situación de demostrar su existencia, lo que no ocurrió durante toda la tramitación de la presente causa. Exigir lo contrario supondría pedir la prueba de un hecho negativo, lo que resulta contrario a los principios que sustentan el derecho procesal probatorio” (SCS Rol N° 31.242-14 de 29 de enero de 2015)”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En el caso que se revisa no se puede dejar de mencionar que desde la etapa de instrucción de la presente causa existió un reconocimiento expreso de la autoridad persecutora y policial de la utilización de la técnica contemplada en el artículo 25 de la Ley N° 20.000, quien ejecutó cuatro compras de droga, circunstancia que fue el fundamento de hecho para solicitar al Juez de Garantía la correspondiente orden de entrada y registro a tres inmuebles que culminó con la detención de los condenados Luis Alberto Flores Rodríguez, Johanna Vanessa Rubilar Jaramillo, Juan Carlos Ortega Sanhueza y Marcela Acevedo Sepúlveda. Sin embargo, la autorización cuya existencia se reclama para proceder con la mencionada técnica no constaba en la carpeta de investigación. Lo anterior, tal como pudo ser apreciado a través de la prueba de audio y documental presentada por el recurrente, resultó corroborado por el propio Juez de Garantía en la audiencia de preparación de juicio oral, oportunidad en que, se reconoce explícitamente que no existe un registro realizado por el Fiscal referente a la autorización otorgada”.

(Fuente: Poder Judicial)

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