Corte Suprema confirma multa aplicada a la empresa de Aguas

CorteSupremaChileLa Corte Suprema ratificó multa de 75 UTA (unidades tributarias anuales) aplicada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la empresa Aguas Altiplano S.A. por infracciones cometidas en 2012.

En fallo unánime (causa rol 27989-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Arturo Prado– ratificó la resolución impugnada que confirmó la multa aplicada en 2014, a la empresa sanitaria por infracciones cometidas en el segundo semestre de 2012, en Arica y Alto Hospicio.

La sentencia de la Corte Suprema descartó el argumento de la recurrente sobre el decaimiento de la acción al haber transcurrido el plazo legal de seis meses para aplicar la sanción a la empresa sanitaria.

“Que como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, que para la Administración Pública el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no tiene el carácter de fatal que pretende la reclamante, de manera que si bien el organismo público debe hacer expeditos los trámites respectivos, el principio de celeridad lo ha de llevar tan sólo a tender o a instar por la pronta terminación del procedimiento administrativo, sin que pueda estimarse razonablemente que esa circunstancia le ha de compeler, con carácter definitivo, a concluir tales procesos sólo y únicamente en los perentorios términos fijados por el legislador.  El esfuerzo hacia el que ha de propender el órgano público en esta materia no puede vincularlo de tal manera que el incumplimiento de estos plazos transforme en fútil su esfuerzo fiscalizador. En efecto, un mínimo equilibrio entre sus distintos deberes lleva necesariamente a una conclusión como ésta, pues de lo contrario se habría de convenir en que la fiscalización y los derechos e intereses del Estado y de los administrados habrían de ceder y quedar subordinados a la celeridad, conclusión irracional que no puede ser admitida”, expone el fallo.

Resolución que agrega: “Que así, se ha dicho por este Tribunal que: “contrariamente a lo postulado por el recurrente, el plazo de seis meses mencionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un plazo fatal y su incumplimiento sólo podrá generar eventuales responsabilidades administrativas ante una dilación o tardanza injustificada, o incluso otros efectos jurídicos conforme a los principios del Derecho Administrativo” (Rol N° 289-2012). Similares declaraciones se han efectuado en los autos Rol N° 4817-2012 y N° 6.661-2014 (…)en consecuencia, no resulta posible atribuir a los sentenciadores los errores de derecho imputados en el arbitrio, toda vez que, al rechazar la alegación de caducidad y decaimiento del acto administrativo, han realizado una correcta aplicación del artículo 27 de la Ley N° 19.880 en relación a los artículos 7, 8 y 14 del mismo cuerpo legal”.

(Fuente: Poder Judicial)

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