Unificación de Jurisprudencia: la tutela laboral es aplicable a funcionarios a contrata

Funcionarios JudicialesLa Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto a propósito de la posibilidad de los funcionarios a contrata de recurrir ante tribunales en procedimiento de tutela laboral ante las vulneraciones de derechos fundamentales realizada en el ejercicio de sus funciones. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

En fallo dividido, el 16 de Agosto del 2016 la cuarta sala de la Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por un funcionario contra la sentencia que dio lugar a la excepción de incompetencia absoluta interpuesta por el Fisco. La materia de derecho objeto del juicio consistía en establecer si los juzgados de letras del trabajo son competentes para conocer de las denuncias que en procedimiento de tutela laboral deduzcan los funcionarios administrativos empleados a contrata.

Según el máximo tribunal, el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito. Los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo. Por tanto, no se plantea una cuestión que deba ser examinada en los términos del inciso segundo del artículo 1 del Código del Trabajo, puesto que la necesidad de delimitación entre funcionarios públicos –a los que les es aplicable el estatuto administrativo– y los trabajadores –a los que les es aplicable el Código del Trabajo– no surge cuando se trata de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, los que tanto por su naturaleza como por la fuente de su reconocimiento resultan aplicables a todas las personas.

El hecho que el artículo 17 del Estatuto Administrativo proscriba toda discriminación que tenga por objeto «anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo», ninguna incidencia tiene para determinar el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, precisamente porque solo se trata de un procedimiento.  La posibilidad de que los funcionarios públicos puedan recurrir al procedimiento de tutela laboral en ningún caso importa per se la aplicación de normas sustantivas del Código del Trabajo.

La corte, por lo demás, establece que esto es posible al existir un vacío normativo, pues aunque existan medios dentro del ámbito administrativo para reclamar actos de la administración, estos no responden al mandato constitucional. Al respecto, la sentencia comenta que

[…] si bien el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al permitir al funcionario afectado reclamar ante la Contraloría General de la República, ofrece una garantía para la protección de sus derechos fundamentales en la relación funcionaria, no se trata de un recurso judicial. Por importantes que sean, los recursos administrativos no ocupan el mismo lugar que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la propia Constitución Política, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueda reclamar ante los tribunales que determine la ley. No puede afirmarse que el artículo 160 del Estatuto Administrativo sea la ley que da cumplimiento a esta regla constitucional, pues él no determina un tribunal al cual reclamar. Se trata entonces de un asunto que el Estatuto Administrativo no regula. El Código del Trabajo sí lo hace. En consecuencia, de conformidad con el artículo primero del Código de Trabajo, resulta aplicable en la relación funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro señor Pfeiffer y del abogado integrante señor Correa, quienes estimaron correcta la interpretación sostenida por la sentencia recurrida.

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  1. […] Unificación de jurisprudencia considera que los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política, por lo que para la aplicación de tutela laboral no corresponde delimitar entre funcionarios y trabajadores. […]

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